Gómez Bermúdez elevó la causa a Pleno para evitar que quede en manos de la suerte

El presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ha explicado que su decisión de elevar a Pleno la causa que investiga el chivatazo a miembros del aparato de extorsión de ETA se debe al intento de evitar que un asunto tan «delicado» y «complejo» quede en manos de un sorteo, han indicado a Europa Press fuentes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En una carta privada remitida a varios vocales del Consejo y a su presidente, Carlos Dívar, el magistrado ha indicado que la Sección que en un inicio debía hacerse cargo de revisar la imposición a los tres procesados en la causa del delito de colaboración se encuentra a día de hoy muy dividida.

La misiva especifica que de los cinco miembros de la Sección Segunda –Fernando García Nicolás, Enrique López, José Ricardo de Prada, Angel Hurtado y Julio de Diego– es manifiesto que dos de ellos se inclinarían por ratificar la decisión del juez instructor Pablo Ruz y otros dos, sin embargo, están posicionados en contra de su criterio.

En opinión de Gómez Bermúdez este hecho provocaría que la decisión final sobre si el delito de colaboración implica la existencia de una afinidad ideológica con los terroristas quedara en manos de la suerte dado que la elección de qué tres de esos cinco jueces serían los encargados finales de decidir dependería de un sorteo aleatorio.

El presidente de la Sala de lo Penal considera que «dada la gravedad del asunto» no parece lógico que la composición del tribunal quede fijada aleatorio y sí más justo que la cuestión sea analizada en profundidad por 14 magistrados.

La carta redunda en la complejidad jurídica de la cuestión, que versa, entre otras cuestiones, sobre la interpretación del delito de encubrimiento, la voluntad de colaborar con los fines terroristas o el estudio de la suficiencia de indicios.

Por su parte, la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, ha realizado este jueves un llamamiento «a la responsabilidad de los dirigentes políticos» en sus críticas a la actuación de los jueces.

«Determinadas críticas se convierten en ataques que acaban por debilitar la confianza del ciudadano en la Justicia», ha defendido Bravo.

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