La Audiencia Nacional ha solicitado al Ministerio de Justicia que se dirija al Gobierno de El Salvador para preguntarle si ha iniciado los trámites de extradición de nueve militares que se pusieron a disposición de las autoridades del país centroamericano después de ser reclamados por su presunta implicación en el asesinato del sacerdote español Ignacio Ellacuría y otras siete personas, cinco de ellas religiosos jesuitas, que se produjo en noviembre de 1989 en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas.
Así lo han indicado fuentes jurídicas que han explicado que el Juzgado Central de Instrucción número 6, que dirige el juez Eloy Velasco, ha realizado este trámite para conocer en qué situación jurídica concreta se encuentran los nueve militares que el pasado 7 de agosto se presentaron voluntariamente ante la Brigada Especial de Seguridad Militar de San Salvador.
El magistrado, que no tiene constancia oficial de las autoridades salvadoreñas de estos arrestos, quiere saber si los militares se encuentran en situación de prisión provisional y, si es así, bajo la autoridad de qué juez se encuentran, así como si la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha iniciado los trámites de su extradición a España.
Sin embargo, este tribunal decidió este miércoles liberar a los militares alegando que la solicitud internacional de la Audiencia Nacional, que fue tramitada por Interpol, únicamente solicitaba su localización y no su detención y posterior entrega.
NO SE PRESENTARON ANTE EL JUEZ
El juez Velasco citó para el 14 de septiembre a siete de los veinte militares salvadoreños a los que procesó por estos hechos, al tiempo que cursó las órdenes de busca y captura de otros 13, ya que no acudieron a la declaración indagatoria a la que habían sido convocados para comunicarles su acusación formal en este proceso.
A los 20 militares procesados, a los que se atribuyen ocho asesinatos terroristas y delitos de lesa humanidad y contra el derecho de gentes, el magistrado les impuso una fianza individual de 3,2 millones de euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponérseles tras el juicio.
Entre ellos se encuentran el ex ministro de Defensa Nacional Rafael Humberto Larios; el que fuera jefe del Estado Mayor René Emilio Ponce (recientemente fallecido); el viceministro de Defensa Nacional, Juan Orlando Zepeda; el viceministro de Seguridad Pública, Inocente Orlando Montano; el general Juan Rafael Bustillo; los coroneles Francisco Elena, Joaquín Arnoldo Cerna, Oscar Alberto León y Carlos Mauricio Guzmán; el comandante Carlos Camilo Hernández y los tenientes Héctor Ulises Cuenca y René Yusshy Mendoza.
La acción penal también se dirige contra el director de la Escuela Militar ‘Capitán General Gerardo Barrios’, el coronel Guillermo Alfredo Benavides, que dio la orden de cometer los asesinatos, y siete miembros del batallón ‘Atlacatl’, que los llevó a cabo: el teniente José Ricardo Espinoza, el subteniente Gonzálo Guevara, los cabos Oscar Mariano Amaya y Angel Pérez Vásquez, los sargentos Antonio Ramiro Avalos y Tomás Zárpate y el soldado José Alberto Sierra.
«DESARMADOS Y EN PIJAMA»
La resolución judicial detalla que la muerte de los jesuitas se produjo en un contexto de «intensa polarización» entre el Gobierno militar y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), en el cual los sacerdotes se erigieron como mediadores entre ambas partes para un «proceso de diálogo» y fueron acusados, en virtud de su afinidad con la teología de la liberación, de incitar a los campesinos a «una conspiración comunista internacional al servicio del Kremlin».
La decisión de acabar con la vida de Ellacuría y el resto de jesuitas, cinco de los cuales eran españoles, fue adoptada por un grupo de oficiales de élite denominado ‘La Tandona’ y ejecutada por el coronel Benavides, que dio la orden a los miembros del batallón ‘Atlacatl’.
El asalto, que se llevó a cabo después de que los servicios de inteligencia alertaran de la supuesta presencia de un centenar de «terroristas» en la Universidad Centroamericana, se produjo cuando los sacerdotes, «algunos bastante mayores», estaban «desarmados» y se encontraban en «pijama», según confesó el sargento Antonio Ramiro Avalos, alias ‘Satán’, que para participar en la operación tuvo que recordarse a sí mismo que estaban actuando contra «delincuentes» y eran sus «cerebros los que importaban».
El juez Velasco no llegó a imputar al ex presidente Alfredo Cristiani a pesar de que la querella, presentada por una religiosa carmelita hermana de uno de los fallecidos, también se dirigía contra él. En su auto especifica que los jesuitas asesinados sólo fueron «unos de los al menos 75.000 civiles desarmados que murieron en esta guerra, que fue mucho más violenta que los conflictos de Chile y Argentina», según apuntaba el juez en su resolución.
