Afectados de Madrid y de toda España en el caso de los niños robados en hospitales españoles entre 1969 y 1990 se concentrarán mañana ante la Fiscalía Provincial de Madrid en contra del archivo de parte de las 150 denuncias presentadas en Madrid por la dificultad en su esclarecimiento y para reclamar que se judicialice la causa en los tribunales.
Así lo ha indicado a Europa Press la presidenta de la asociación S.O.S. Bebés Robados Madrid, Soledad Monzon, cuya organización aglutina a 108 damnificados por este caso en la Comunidad de Madrid. En su caso, denuncia el secuestro de su hijo hace 31 años en la antigua clínica Francisco Franco, actualmente el Hospital Gregorio Marañón de Madrid.
De este modo, afectados de toda España se sumarán a esta manifestación para reclamar que los casos se sigan investigando a manos de un juez instructor. Además, solicitarán una reunión con el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, así como el fiscal jefe de Madrid, Eduardo Esteban.
En el caso de Madrid, un total de siete fiscales investigan las 150 denuncias, la gran mayoría ya archivadas. Tras haber tomado declaración a los afectados directos, los representantes del Ministerio Fiscal se encuentran ahora tomando declaración a los médicos y enfermeras de maternidad implicados en los supuestos robos, según han indicado a Europa Press fuentes de la investigación.
La Fiscalía de Madrid es consciente de la dificultad que entraña este caso, pero su pretensión es «agotar todas las posibilidades». «Si no hay respuesta judicial se agotarán las vías de investigación para dar una respuesta social», recalcó a Europa Press hace unos meses el fiscal jefe, Eduardo Esteban.
Los delitos implicados en este caso serían falsedad documental, sustracción del menor y detención ilegal, pero en la mayoría de los casos estarían prescritos. Además, el delito de detención ilegal podría conllevar la imputación incluso de los padres adoptivos.
La Fiscalía lleva meses recabando información del Registro Civil y de diversos hospitales madrileños para acreditar los hechos contenidos en las denuncias.
INVESTIGACION CONJUNTA
La Fiscalía General del Estado anunció el pasado mes de enero que no abriría una investigación conjunta por los casos de bebés presuntamente robados durante las décadas de los años 50 a los 80. Así serán cada una de las fiscalías provinciales las que asuman el procedimiento si así lo deciden.
La Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (Anadir) presentó el pasado 27 de enero una denuncia conjunta con 261 casos de bebés presuntamente robados después de nacer.
La intención era que el fiscal general, Cándido Conde-Pumpido, abriera una investigación a nivel nacional para intentar identificar a los responsables de una supuesta red de robos de bebés en hospitales de toda España, que posteriormente eran vendidos a otras familias