Dos ex ediles socialistas del Ayuntamiento de Sevilla declaran este lunes por los contratos de Iturri

El Juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla acogerá este lunes la declaración como imputados de los ex concejales socialistas en el Ayuntamiento hispalense Francisco Fernández y Nieves Hernández, a cuenta de la denuncia promovida por la Fiscalía ante el reconocimiento extrajudicial de crédito mediante el que el Consistorio adquirió, al Grupo Iturri, diversos materiales y equipamientos con destino al cuerpo de bomberos por valor de 644.485 euros, según han confirmado a Europa Press fuentes del caso.

La imputación de Hernández se produjo a expensas de la identificación por parte del Ayuntamiento de ésta como responsable de Seguridad Ciudadana durante el año 2007, junto al también imputado –responsable de Movilidad durante el mandato 2007-2011– Francisco Fernández, en 2006.

La adquisición de los equipos, según la denuncia del fiscal, no se atuvo «en absoluto» a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y podría constituir un delito de prevaricación. Estas actuaciones responden a la comparecencia en calidad de imputado de José María Casar, en su calidad de jefe del servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento hispalense.

En su denuncia, recogida por Europa Press, la Fiscalía rememora que antes del 15 de mayo de 2007, el Ayuntamiento hispalense adquirió diversos materiales y equipamientos para ocho vehículos adscritos al servicio municipal de Salvamento y Extinción de Incendios merced a los designios del jefe de dicho servicio por aquel entonces, quien no obstante, señaló ante el juez que en aquel momento estaba sometido a una baja laboral y sus competencias quedaban a expensas de Francisco Fernández, entre otras personas.

«NINGUNA RESOLUCION PREVIA»

La citada denuncia insiste en que para la contratación de estos equipamientos al Grupo Iturri «no existió resolución previa del Ayuntamiento ni se realizaron pliegos de condiciones, ni se ofertaron públicamente ni se solicitó presupuestos a otras empresas que podrían haber tenido voluntad de competir para ser las proveedoras», toda vez que un informe posterior de la Intervención General del Ayuntamiento ponía de relieve «posibles irregularidades» en esta contratación dada la «absoluta inobservancia de las formalidades» obligadas en las contrataciones de esta naturaleza, lo que lleva al Ministerio Público a atisbar un posible delito de prevaricación.

Esta denuncia deriva de la documentación elevada a la Fiscalía por el SPB, que incluía precisamente un informe de la propia Intervención del Consistorio hispalense en cuanto a este reconocimiento extrajudicial de crédito por valor de 644.485 euros para la adquisición de equipamiento para vehículos del servicio municipal de Salvamento y Extinción de Incendios. Señala el documento de la Intervención que «se procedió» al suministro de tales equipamientos por un importe de 644.485 euros y fue «presentada la correspondiente factura, sin más trámite».

El informe de la Intervención, así, advierte de que «el reconocimiento extrajudicial de créditos no supone una convalidación de los vicios que, en origen, tuvo el procedimiento de gasto», porque «un informe favorable sólo supone que queda acreditado, mediante documentación suficiente, el enriquecimiento injusto por parte del Ayuntamiento al aprovecharse de una obra, servicio o suministro sin que se realizara la debida contraprestación». Igualmente, el informe de la Intervención advierte de que las facturas evacuadas por Iturri S.A. «no contienen la descripción del material suministrado, por lo que para proceder a su pago, deberá incorporarse al expediente la especificación del suministro efectuado».

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