La magistrada Montserrat Peña, instructora del caso ‘Poniente’ que investiga una presunta trama de corrupción política y empresarial en El Ejido (Almería) que llevó al encarcelamiento durante ocho meses del exalcalde Juan Enciso (PAL), cesa este martes como titular del Juzgado de Instrucción número 2 de la capital.
Peña, que ordenó el octubre de 2009 la detención de una veintena de personas en el marco de la causa abierta por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, falsedad documental y blanqueo de capitales, pasará a desempeñar la plaza en el Juzgado de Instrucción número 6 de Granada, según se recoge este lunes en el BOE.
La magistrada mantiene aún el secreto de sumario sobre una parte de las actuaciones del caso ‘Poniente’ que se inició en 2007 a instancias de la Fiscalía Anticorrupción aunque el pasado mes de febrero liberó la mayor parte de las diligencias, incluidos los diversos informes de la Agencia Tributaria y la Intervención General del Estado que señalan a la presunta trama como un «grupo criminal perfectamente organizado» que «detrajo» dinero de las arcas públicas «en beneficio propio.
De esta parte de las actuaciones, que dividen la presunta trama en seis clanes y el grupo Abengoa, se desprende también que la supuesta trama corrupta que investiga el caso ‘Poniente’ facturó con subcontrataciones en su mayoría «irregulares» de la Empresa Mixta de Servicios Municipales (Elsur), en la que el Ayuntamiento de El Ejido (Almería) tiene un 30 por ciento de participación y sustentada con dinero público, alrededor de 93,3 millones de euros entre los años 2002 y 2007.
El sumario revela, asimismo, que el exalcalde Juan Enciso, quien perdió los pasados comicios municipales tras casi dos décadas en el poder, no era una «persona ajena a lo que estaba sucediendo» y le señala como «vinculado» al exinterventor municipal José Alemán y a la «infraestructura organizada» con él a la cabeza.
La citada presunta trama liderada por el Alemán y «grupos de sociedades afines al mismo» se caracterizó durante años, según consta en la instrucción, por «procurarse favores de naturaleza mercantil, así como lucrarse de las subcontratas» de la Empresa Mixta de Servicios Municipales (Elsur), participada al 30 por ciento por el Ayuntamiento y en un 70 por ciento por ‘Agua y Gestión’, «perteneciente a Abengoa».
