Las acusaciones populares personadas en la denominada Operación Marea han señalado que la declaración de la ex consejera de Administraciones Públicas, Ana Rosa Migoya, citada a comparecer en calidad de testigo, evidencian la «falta de control» en que estaba sumida la Administración regional socialista.
Tras casi una hora de interrogatorio, la ex consejera y diputada ha recordado que fue ella quien denunció las supuestas contrataciones ilegales ante la Fiscalía y ante la Policía y ha subrayado su voluntad de colaborar con la Justicia. Migoya ha eludido dar detalles del contenido de su declaración, si bien ha asegurado que respondió a todas las preguntas y cuestiones de las que tenía conocimiento por su cargo de consejera. «Me han llamado como testigo y creo que he finalizado», ha indicado.
En declaraciones a los periodistas a la salida de la Sala, los letrados de Bloque por Asturies, Alberto Suárez:; del Partido Progresista de Belmonte, Fernando Barutell, y de Avall, Esteban Aparicio, han coincidido a señalar que la ex consejera y diputada socialista aseguró ante las preguntas de las partes no saber nada de la trama, ni conocer que existían irregularidades en su departamento hasta febrero de 2010, fecha del cese de la ex funcionaria Marta Renedo, pese a figurar en el sumario un requerimiento de la Agencia Tributaria al Principado, con fecha de noviembre de 2009.
En lo que respecta al ordenador de la funcionaria recientemente excarcelada, el abogado de Bloque por Asturies ha dicho que la ex consejera manifestó haber dado instrucciones para que se preservaran las pruebas, pero sin especificar cómo y qué desconoce, por tanto, quienes sacaron el equipo de las dependencias de la Consejería.
Barutell, del Partido Progresista de Belmonte, ha informado de que el juez Angel Sorando ofreció a la diputada la posibilidad de no responder a determinadas cuestiones, un privilegio que «no es normal» y que se confiere, ha informado, cuando el instructor tiene «serias dudas» de que el testigo pase a imputado.
Por último, el letrado de Avall ha expresado su sorpresa por el hecho de que la consejera no conociera a alguno de los imputados, como al ex consejero Iglesias Riopedre, cuya relación era la de sentarse en los mismos consejos de Gobierno, así como la confusión existente en torno a las fechas de inicio de los distintos expedientes informativos. «La consejera no sabe nada, excepto las firmas que estampó», ha recriminado.
Las declaraciones de los testigos continúan este martes y este miércoles y se sucederán hasta el mes de noviembre.
