El rey ha recibido hoy en su despacho de la Zarzuela al presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Dívar, a quien no pudo acompañar en la apertura del año judicial y con quien ha tratado las perspectivas de la administración de justicia en el actual contexto de crisis económica.
Al igual que en su reunión de ayer con el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, don Juan Carlos esperaba a Dívar sentado en una silla del despacho, ya que la recuperación de la intervención quirúrgica en el tendón de Aquiles izquierdo a que se sometió don Juan Carlos el pasado día 5 aconseja que evite permanecer de pie al menos hasta el próximo fin de semana.
Durante la reunión, Dívar se ha interesado por la recuperación del rey y le ha hecho entrega de la última memoria anual del Tribunal Supremo, así como del discurso que ha pronunciado esta mañana durante la apertura del año judicial.
En cumplimiento de las restricciones de movimientos aconsejadas por los médicos, Don Juan Carlos -que confía en poder empezar a apoyar el pie en el suelo para volver a caminar el próximo domingo o el lunes- no ha podido acudir esta mañana a la sede del Tribunal Supremo, donde se ha celebrado el solemne acto de apertura del año judicial en ausencia del rey por primera vez en los últimos 28 años.
Durante esta ceremonia se ha presentado la memoria anual de la Fiscalía General del Estado correspondiente a 2010, cuyo primer ejemplar entregó ayer Conde-Pumpido al rey, y Dívar ha pronunciado un discurso de apertura del año judicial en el que ha subrayado la necesidad de que las decisiones judiciales sean respetadas por todos y, en particular, por las instituciones públicas.
En su intervención, el presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) también ha animado a superar las «zonas de fricción» entre los diferentes tribunales y ha reflexionado sobre la repercusión en estas instituciones de «las difíciles circunstancias económicas» de España.
En este contexto, Dívar ha advertido de que la crisis incide en los tribunales desde una doble perspectiva, ya que, por un lado, aumenta los conflictos y, por otro, limita los recursos destinados tanto a modernizar la administración de justicia como a adecuar los medios humanos y materiales a las necesidades.
