Audiencia de Palma rechaza la recusación del juez Castro al frente del caso Palma Arena como pedía Matas

El titular del Juzgado de Instrucción número 3, José Castro, continuará al frente del caso Palma Arena después de que la sección quinta de la Audiencia Provincial de Palma haya inadmitido a trámite la recusación del titular del Juzgado de Instrucción número 3, José Castro, planteada en el marco del caso Palma Arena por la defensa del ex presidente del Gobierno balear, Jaume Matas.

Así consta en el auto de 16 páginas redactado por el magistrado Mateo Ramón Homar, en el que considera «totalmente infundada» una de las alegaciones que expuso el letrado de Matas, Antonio Alberca, acerca de la «falta de imparcialidad» de Castro, al tiempo que apunta a la extemporaneidad de la recusación planteada al haberse formulado fuera del plazo de diez días que la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) establece para ello.

En un auto en el que el magistrado se ampara en numerosas sentencias del Tribunal Supremo y del Constitucional para reforzar sus argumentos, el ponente afirma que «lo único que quiere indicar» Castro al referirse en uno de sus autos a las «actuaciones obstruccionistas de recurrir todo lo recurrible para colapsar el Juzgado y previsiblemente la Audiencia para que los juicios orales nunca puedan celebrarse», es que «tales maniobras van a dilatar una hipotética celebración del juicio oral pero en modo alguno que no se va a acordar ningún sobreseimiento», como apuntaba Alberca en su escrito de recusación.

Al respecto, el escrito asevera que Castro «en modo alguno dice ni pretende decir que va a abrir juicios orales en todas y cada una de las piezas» del caso ni que, sin haber concluido aún la fase de instrucción, «vaya a desestimar todas las peticiones de sobreseimiento» que formule la defensa del ex presidente.

En esta misma línea, el magistrado niega que el auto en el que Castro realiza estas afirmaciones tampoco contiene «ningún tipo anticipo de valoración sobre hechos instruidos en relación con una hipotética futura apertura de juicio oral», como tampoco consta «el menor indicio» y ni siquiera se alega que el juez instructor, a quien en estos momentos sustituye la magistrada Victoria Pelufo, «se dedique a denegar sistemáticamente y de manera infundada diligencias de descargo pertinentes porque ya tiene decidido, antes de acabar la instrucción, que la apertura de juicio oral es inevitable».

«Tampoco cabe llegar a la conclusión de que los hipotéticos recursos que pueda en el futuro interponer [la defensa de Matas] van a ser desestimados», responde el auto en referencia a una de las expresiones redactadas por Castro, que instaba a su letrado a interponer «todos los recursos que le venga en gana». Más al contrario, la resolución considera que esta frase alude «a un obvio derecho de la parte de presentar recursos contra las resoluciones que le resulten desfavorables cuando la norma procesal lo permita».

Mientras tanto, el magistrado de la Sección Quinta considera «relevante» el tiempo transcurrido desde que se dictaron los autos contra los que se manifiesta Alberca -uno de ellos de hace 16 meses- antes de formular la recusación, que «supera con creces» el plazo de diez días establecido por la Ley. De hecho, asevera que pese a conocer el contenido de estas primeras resoluciones, la defensa de Matas no planteó entonces recusación alguna «sin que se aporte una justificación del motivo de tal retraso».

Cabe recordar que, tras serle planteada la recusación, el instructor del caso Palma Arena dio traslado a las demás partes del proceso para que se pronunciaran sobre la recusación propuesta. Tan sólo lo hicieron Fiscalía y Abogacía de la Comunidad Autónoma, que se opusieron a la recusación planteada alegando «extemporaneidad e inconsistencia de los argumentos expuestos».

Una de las principales líneas de investigación se centra en el lujoso tren de vida llevado por el encausado cuando era máximo dirigente de la Comunidad Autónoma y que, de acuerdo a las pesquisas, no se corresponde con los ingresos que obtenía como presidente. Es por ello que los investigadores apuntan a la relación de los elevados gastos de Matas con la presunta malversación de aproximadamente cincuenta millones de euros durante la ejecución del velódromo palmesano (2005-2007).

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