La Asociación Pro Guardia Civil (APROG) ha emitido este jueves un comunicado en el que defienden el trabajo de sus compañeros en la ‘Operación Galgo’ y tildan de «delirante» e «irracional» las acusaciones de conspiración vertidas contra la investigación del Instituto Armado. Este colectivo recuerda además que los agentes en todo momento actuaron bajo la supervisión del juez instructor del caso.
«Cualquiera que conozca mínimamente la labor diaria de la Guardia Civil sabe que más que irreal, esa hipótesis es delirante», dice esta asociación en torno a la «conspiración que presumiblemente habrían cometido aquellos agentes, según se dice ahora». Para ello, insisten desde APROG, habrían necesitado «contar con la complicidad o participación activa de un número ingente de guardias civiles, de todos los empleos, cargos y funciones».
En ese sentido, el comunicado argumenta que «los guardias civiles actúan siempre como*Agentes de Autoridad*y quien decide en última instancia realizar tal o cual diligencia o que una prueba sea incorporada al sumario, es el Juez de Instrucción correspondiente; las órdenes de detención también».
Además defiende que «la investigación siempre ha tenido una base probatoria sólida» y se remiten a las «múltiples pruebas halladas que involucran en diverso grado a tantas personas imputadas». Se refieren en concreto a la atleta Marta Domínguez, «una más entre las personas implicadas». «Las acciones que se llevaron a cabo sobre su persona y domicilio siempre fueron ordenadas por la Jueza Instructora por existir indicios racionales de culpabilidad que ésta siempre entendió suficientes y de peso como para mantener abierta la investigación los meses que duró», alega APROG.
Censuran que la polémica generada en torno a este asunto «está dañando grave e injustamente la imagen del Cuerpo y*se está convirtiendo en una pesadilla para los agentes del Cuerpo que la llevaron a cabo» y piden a los políticos que «no utilicen a la Guardia Civil en sus disputas electorales, el rédito que pudieran sacar a corto plazo no merecería el daño gratuito que harían a la institución a la que luego tendrían que dirigir».
