Francisco Jiménez-Villarejo, elegido nuevo presidente de la Asociación de Fiscales

El fiscal Anticorrupción de Málaga Francisco Jiménez-Villarejo ha sido elegido presidente de la Asociación de Fiscales en el marco del Congreso de la Asociación de Fiscales, que se ha celebrado en la ciudad de Málaga durante este viernes y sábado, 14 y 15 de octubre. Ha obtenido 252 votos.

Jiménez-Villarejo, que será también el portavoz, ha indicado en declaraciones a Europa Press que el principal reto para la nueva comisión ejecutiva de la Asociación será «aumentar la imparcialidad y la mayor autonomía funcional y orgánica para poder asumir los retos en la reforma del proceso penal», incidiendo en la necesidad de «reforzar la independencia de la Fiscalía frente al Ejecutivo».

Ha manifestado que «habrá que esperar a que venga un nuevo gobierno» para plantear una serie de reformas legislativas que se han debatido en el congreso y que consideran «imprescindibles» y «previas» a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), como son «un nuevo estatuto fiscal, estatuto de la Policía Judicial o una nueva Ley de Cooperación Internacional», entre otras.

Entre las conclusiones del Congreso destacan, además de la reprobación de la actuación del actual Fiscal General del Estado, «que ha supuesto un descrédito del ministerio fiscal», la necesidad de «evitar la discrecionalidad» del nombramiento «y que sea motivado», así como la supresión del artículo «que permite al Gobierno llamar al Fiscal General para que comparezca ante el Congreso».

La Asociación de Fiscales muestra su «rotunda oposición» a la reciente reforma orgánica «que permite el reingreso a quienes desempeñan cargos políticos en condiciones privilegiadas, inadmisibles y discriminatorias para los demás fiscales», entendiendo que en todo caso «deberá establecerse un régimen severo de abstención para estas situaciones».

Sí se muestra de acuerdo con un nuevo reglamento de la carrera fiscal, pero el colectivo se opone a que se apruebe «sin posibilidad de estudio y reflexión», según las conclusiones.

Además, creen «imprescindible» una autonomía presupuestaria, «de modo que se establezca un presupuesto individualizado que permita a la Fiscalía General y al resto de las fiscalías desplegar sus funciones sin la dependencia económica del Poder Ejecutivo». Entre tanto, solicita al Ministerio de Justicia que «se ponga a disposición de los miembros de la carrera fiscal los medios adecuados para el desempeño de su función en condiciones óptimas».

Apuestan por potenciar «el papel del Consejo Fiscal», dotando a sus miembros «de un estatuto normativo y estableciendo el carácter vinculante de los informes de la mayoría de los vocales en materia de nombramientos discrecionales». Además, consideran «necesario regular detalladamente la función de la Inspección Fiscal en relación con las solicitudes de promoción de los fiscales».

En cuanto al papel del ministerio fiscal, en las conclusiones se alude a «la atribución de la competencia para adoptar medidas cautelares de naturaleza real en investigaciones patrimoniales» y a la creación de oficinas de recuperación y administración de activos patrimoniales procedentes de delitos, dirigidas por un fiscal.

La Asociación de Fiscales propone, asimismo, la elaboración de un Libro Blanco «que fije la situación actual y real de las plantillas del ministerio fiscal, de los medios de personal, instrumentos tecnológicos e infraestructuras que el Gobierno Central y las comunidades autónomas ponen a su disposición, fijando sus necesidades en tales campos».

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