El juicio del «Caso Malaya», la operación contra la mayor trama de corrupción conocida en un ayuntamiento español -en el de Marbella-, se retoma hoy y entra en su cuarto y último bloque, en el que se tratarán delitos de cohecho, prevaricación y malversación de caudales públicos, entre otros.
Esta fase final englobará todo lo que hasta el momento no se ha juzgado, por lo que todos los procesados que aún no han sido interrogados por el tribunal tendrán que estar presentes durante la celebración de este bloque, según anunció la Sala recientemente.
Las sesiones se dividirán en diferentes apartados y el primero tratará de la «tenencia ilícita de armas» por la que está acusado el exjefe de la Policía Local marbellí Rafael del Pozo, al que le seguirá el del «Rolls Royce», por el que está acusada la exalcaldesa Marisol Yagüe y el empresario Ismael Pérez.
El tercer apartado corresponde a la «supuesta entrega de vehículos a la exalcaldesa», según la providencia del tribunal, y el siguiente al de los empresarios por presuntos pagos al exasesor de Urbanismo del consistorio de Marbella Juan Antonio Roca y exconcejales de este Ayuntamiento por supuestos cobros.
Este último bloque está previsto que vuelva a ser muy mediático debido a que junto a Roca, presunto cerebro de la trama, se sentarán los exalcaldes Julián Muñoz y Marisol Yagüe, así como la exedil Isabel García Marcos, considerada durante muchos años el «azote» del fallecido alcalde marbellí Jesús Gil.
Entre los procesados que integran este apartado también están empresarios como José Ávila Rojas, Rafael Gómez o José María González de Caldas.
La Sala requirió al fiscal que presentara un escrito delimitando la acusación respecto de los procesados no interrogados para que posteriormente sus defensas también delimitaran su prueba.
El juicio se inició en septiembre del pasado año y ya se han celebrado cerca de un centenar de sesiones con diferentes fases, entre ellas los bloques relativos a blanqueo de capitales.
Los magistrados que componen el tribunal prevén que el proceso pueda quedar visto para sentencia antes del próximo verano.
Juan Antonio Roca, que se enfrenta a una petición fiscal de treinta años de cárcel y más de 810 millones de euros de multa, ejercía una posición de «dominio» sobre la corporación municipal de Marbella, según el ministerio público.
Entre los 95 imputados en este proceso hay además de exalcaldes y exconcejales, abogados y empresarios que han estado vinculados a los sectores de la construcción, los toros o el fútbol, y el caso supuso en 2006 la disolución de la corporación municipal marbellí.
