La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga una presunta trama de prejubilaciones ilegales descubierta en expedientes de regulación de empleo (ERE) financiados con cargo a la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos, ha solicitado al Ministerio de Industria el ‘Plan único del Gobierno central para paliar la crisis de la Faja Pirítica andaluza (provincias de Huelva y Sevilla)’, un plan que inicialmente solicitó a los representantes del PP-A Antonio Sanz y Juan Ignacio Zoido.
Hay que recordar que la magistrada pidió a la representación legal del secretario general del PP-A, Antonio Sanz, y del exdelegado del Gobierno en Andalucía Juan Ignacio Zoido –actual alcalde de Sevilla–, «como representantes del PP en Andalucía y constando su personación en la causa», para que aportaran al Juzgado «a la mayor brevedad» el referido plan, «del que se desconocen más datos, a pesar de la búsqueda que del mismo se ha efectuado en varias bases de datos», y que «fue suscrito en la etapa en la que el PP ostentaba el Gobierno de la nación». «De igual manera y a iguales fines», la juez requirió en el mismo sentido a la representación procesal de la Junta.
Esta petición motivó que la representación procesal del PP-A elevara un escrito a la juez al entender que, «a fin de dar inmediato cumplimiento y con la brevedad que se requiere, debemos hacer constar al Juzgado el error padecido al confundir la Administración General del Estado con un partido político», ya que, «al igual que se requiere esta información a la representación de la Junta y no al PSOE, es lo procedente y oportuno que esa información se requiera con la celeridad establecida en el auto» al Gobierno de España.
En un auto consultado por Europa Press, pone de manifiesto que «esta instructora, nunca, y menos a la altura de los procedimientos que se tramitan, ha confundido lo que es un partido político y la Administración General del Estado», explicando que el requerimiento efectuado al PP «no conllevaba una declaración de responsabilidad, sino que simplemente se interesaba su colaboración como parte acusadora y próxima por sus circunstancias temporales a la información requerida, pensando que pudieran aportar datos sobre el contenido del plan, simplemente por agilidad en el procedimiento y con el fin de contar a la mayor brevedad posible con tal información desconocida por el Juzgado».
NO CONSTA EL PLAN EN NINGUN BOLETIN OFICIAL
A ello añade que, «siendo necesaria la misma, pues el referido ‘Plan Unico’ sobre el que se sientan las bases del acuerdo marco para la Faja Pirítica de Huelva y Sevilla, de tanta relevancia y que afecta a tantos trabajadores, no nos consta publicado en ninguno de los boletines oficiales», procede librar oficio al Ministerio de Industria para que remita el referido plan.
En este mismo auto, la juez acuerda abrir una pieza separada contra el abogado del exfutbolista del Osasuna y del Atlético de Madrid José Antonio Gómez Romón, imputado por haber percibido una póliza de 491.424,43 euros, después del incidente acaecido el pasado día 24 de noviembre, cuando el letrado abandonó el despacho de la juez en pleno interrogatorio a su patrocinado al entender que «no estaba en condiciones» de defenderlo ante las preguntas de la instructora.
De este modo, la juez abre esta pieza separada al objeto de «determinar la posible responsabilidad disciplinaria en la que haya podido incurrir» el abogado, José María Calero, al que cita a las 10,30 horas del próximo día 15 de diciembre «para que formule las alegaciones que estime oportunas de conformidad con lo dispuesto» en el artículo 555 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
RECHAZA REALIZAR UNA PRUEBA CALIGRAFICA PEDIDA POR FONTELA
La juez, que pide a la Junta una serie de datos después de que el exfubolista se acogiera a su derecho a no declarar, rechaza en este mismo auto la realización de una prueba caligráfica solicitada por la abogada de Carmen Fontela, quien suscribió el certificado individual de la póliza de 3 de octubre de 2005 para las prejubilaciones de los trabajadores de Río Grande, y acuerda citar en calidad de testigo al gestor Rafael Barcia, todo ello «una vez que el mismo sea debidamente identificado por la Guardia Civil».
