El sindicato ‘Manos Limpias’ ha presentado una denuncia en los juzgados de Valencia contra el Duque de Palma, Iñaki Urdangarín, y su socio Diego Torres por presuntos delitos de estafa, falsedad documental, apropiación indebida y delito societario y contra los responsables de la Generalitat valenciana «que pudieran ser imputados» por «no perseguir delitos y de encubrimiento», a raíz del convenio firmado con el Instituto Nóos para conseguir que Valencia pudiera ser sede de la primera edición de unos juegos deportivos.
Fuentes del sindicato han señalado a Europa Press que la denuncia se presentó este miércoles vía correo certificado con acuse de recibo, dirigida al juzgado decano de Valencia para que la remita al órgano instructor que por turno corresponda. ‘Manos Limpias’ presenta la denuncia al amparo del artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece que quienes «por razón de su cargo tuvieran noticia de algún delito público, estarán obligados a denunciarlo inmediatamente al ministerio fiscal, al tribunal competente, al juez de instrucción».
La denuncia se basa en una serie de hechos consistentes, según relata, en la que la Generalitat valenciana, siendo consejero Esteban González Pons, a través de la sociedad pública Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana, firmó un Convenio con el Instituto Noós para conseguir que Valencia fuera sede «de la primera edición de unos supuestos juegos olímpicos».
El precio fijado fue de seis millones de euros cuyos pagos se librarían «desde la Vicepresidencia», indica el texto. Asimismo, añade en la denuncia que el convenio tenía como objetivo «realizar la confección de un dossier de la candidatura, con una documentación anexa, y presentarla ante organismos deportivos nacional e internacionales para recabar los apoyos necesarios».
Además, agrega que el convenio se extendía durante dos años –2006/2007– y que en el primer ejercicio se abonaría la cantidad de tres millones de euros. Según Manos Limpias, los denunciados «pese a no realizar trabajo alguno cobraron 382.000 euros». En esta línea, sostiene que los responsables de la Generalitat «tenían la obligación, como cualquier administración pública, de fiscalizar el gasto y de denunciar conductas delictivas, circunstancias éstas que no se llegaron a efectuar».
DELITO DE ESTAFA
Para el sindicato, los hechos pueden ser constitutivos de un delito de estafa del artículo 248 del Código Penal ya que considera que existe «una presunción más que razonable de que por parte de los denunciados se actuase con engaño»; de otro de falsedad documental contemplado en el 395, porque igualmente hay «una presunción más que razonable de que por parte de los denunciados se falsearan documentos para justificar gastos» y de uno societario del 290 por la posibilidad de que los denunciados «manipulasen la contabilidad del Instituto Nóos».
En relación con el delito de no perseguir delitos y de encubrimiento –del artículo 451 del Código Penal–, apunta que hay «una presunción más que razonable de que los responsables de la Generalitat no fiscalizaron el gasto y no persiguieron el delito de estafa».
El sindicato pide al juzgado que admita la denuncia y, en cuanto a las diligencias a practicar, reclama aquellas que interesen al instructor y a ministerio público, más la solicitud de expediente administrativo del convenio; la justificación documental de las facturas presentadas por parte de los denunciados; la justificación del uso efectuado por la subvención concedida y el expediente de fiscalización del gasto por parte de los Servicios Económicos de la Generalitat.
