La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) avaló hoy la intención del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, de habilitar el mes de agosto para la celebración de juicios orales, y para eludir los problemas que plantean las vacaciones de otros implicados en el proceso sugirió convocar entonces los juicios sin testigos o con abogados de oficio.
Según declaró a Servimedia su portavoz, Pablo Llarena, la celebración de juicios en agosto no va a arreglar por sí misma el desfase operativo de la Justicia, pero sería «una importante colaboración para ello».
En su opinión, no es lógico que, estando el sistema judicial abierto los 12 meses del año, en uno de ellos no se le saque todo el rendimiento posible limitándolo a cuestiones de urgencia.
Para el portavoz de la APM, el que los testigos suelan estar de vacaciones en agosto es «un problema menor», que «se solventa mediante una adecuada coordinación». Según recalcó, hay decenas de juicios en los que no se requiere la presencia de testigos, porque sólo hay pruebas documentales, porque son juicios de conformidad o porque no se discute nada más que la interpretación de una ley.
En cuanto a los abogados y sus vacaciones, otro de los obstáculos que se han expuesto al plan de Gallardón, Llarena lo calificó como «una objeción de patas cortas», pues hay miles de casos en los que los abogados son de oficio, pagados por tanto por el Estado, y «sería fácil pedir a los colegios que organizaran un sistema de turnos».
Respecto al deseo del ministro de reducir el número de litigios que llegan a los tribunales, el portavoz de la APM suscribió que el caso español es «absolutamente anómalo» y abogó por «modificar las normas procesales para adecuar el número de asuntos que entran a las posibilidades del sistema judicial».
Algunas formas de hacerlo serían desjudicializar cuestiones menores, concentrar las decisiones que tiene que tomar un juez dentro de un mismo proceso y reducir el número de instancias a las que se puede apelar en los de menor importancia.
