El juez Baltasar Garzón declarará hoy en el juicio que se celebra en el Tribunal Supremo por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo, a no ser que la sala estime las cuestiones previas planteadas por su defensa y el fiscal y decida anular la causa.
Con la incertidumbre de saber si el Alto Tribunal acepta o no las peticiones de nulidad del proceso, Garzón se sentará en el banquillo del salón de plenos del Supremo a partir de las diez y media de la mañana para escuchar la respuesta de los siete magistrados que integran la sala que le juzga desde el pasado martes.
Ese día, el abogado del magistrado, Gonzalo Martínez-Fresneda y el fiscal Luis Navajas pidieron el sobreseimiento de la causa al considerar que todas las actuaciones que han llevado al juez al banquillo han vulnerado la legalidad, además de sostener que la acusación popular carece de legitimidad.
Garzón se enfrenta a una petición de 20 años de inhabilitación por un delito de prevaricación que le imputan el sindicato ultraderechista Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad, que, según Martínez-Fresneda, no han resultado perjudicadas u ofendidas por ese delito, por lo que reclama que se aplique la «doctrina Botín».
Con esa tesis, cuya aplicación también apoyó el fiscal, el propio Tribunal Supremo estableció que no se puede abrir juicio oral a instancias únicamente de la acusación popular cuando la Fiscalía y los posibles perjudicados piden el archivo.
También coincidieron la defensa de Garzón y el Ministerio Público en cargar contra el instructor de la causa, Luciano Varela, del que dijeron que «tomó partido y perdió su imparcialidad» y cuya instrucción calificaron de «insólita e insostenible» por haber corregido los defectos advertidos en el escrito de acusación de Manos Limpias.
