El juicio contra Baltasar Garzón en el Tribunal Supremo por investigar los crímenes del franquismo y la Guerra Civil encara este martes la última parte de su fase testifical, tras renunciar la defensa del juez acusado a una gran parte de los testigos que habían sido citados inicialmente, la mayoría representantes de asociaciones por la Memoria Histórica.
Así, están citados Antonio Solsona Nebot (Grupo de Recuperación de la Memoria de Castellón), Elmilio Silva (Asociación Recuperación de la Memoria de León, Bierzo, Burgos y Zamora) y Antonio Ontañón (Heróes República y Libertad).
Una vez concluyan estas declaraciones, se celebrará la prueba documental y tras ello el presidente del tribunal, Carlos Granados, podría solicitar a las partes que señalen si elevan a definitivas sus conclusiones iniciales o bien las modifican.
Manos Limpias, que concurre conjuntamente con la asociación Libertad e Identidad, solicita inicialmente que Garzón sea inhabilitado por 20 años por un delito de prevaricación, mientras que la Fiscalía no presenta acusación en este procedimiento. Una vez las partes se pronuncien sobre si mantienen o no estos pronunciamientos será el momento de exposición de sus informes, y el juicio se cerrará con el turno de última palabra para el juez suspendido de la Audiencia Nacional.
Familiares de represaliados vienen exponiendo desde la semana pasada ante los siete magistrados que juzgan este caso que la investigación del juez Garzón era la única opción existente para obtener justicia.
La Sala decidió el pasado martes continuar con la vista tras rechazar las cuestiones previas esgrimidas por la defensa del juez de la Audiencia Nacional y por la Fiscalía para que fuera anulada entre ellas la aplicación al caso de la ‘doctrina Botín’.
La Fiscalía, que apoyó todas las cuestiones previas planteadas por la defensa, no presenta acusación y solicita la libre absolución de Garzón -mantiene la misma postura en los tres procedimientos abiertos al titular del Juzgado Central de Instrucción número 5-.
Por su parte, Manos Limpias sostiene en su escrito de acusación que, en todas sus actuaciones, Garzón «era perfectamente consciente de su incompetencia; de la retroactividad sancionadora que adoptaba; de la prescripción de los delitos que perseguía; del fallecimiento de víctimas y autores; de la creación de una causa general en contra de los principios de legalidad, culpabilidad y personalidad; de la inaplicación del derecho consuetudinario internacional, y de la infracción en suma de los más elementales criterios de legalidad».
Por ello, piden al Supremo que imponga a Garzón la pena de 24 meses de multa, a razón de 30 euros al día, así como 20 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, con pérdida definitiva del cargo que ostenta y de los honores que le son anejos, y con la incapacidad para obtener durante el tiempo de la condena cualquier empleo o cargo con funciones jurisdiccionales o de gobierno dentro del Poder Judicial o funciones jurisdiccionales fuera del mismo, así como al pago de las costas procesales producidas incluidas las de la acusación Popular.
El ponente de la sentencia que se dicte por este caso será el magistrado Andrés Martínez Arrieta. Completan la Sala los magistrados Carlos Granados (que preside la vista), Perfecto Andrés Ibáñez, Julián Sánchez Melgar, José Ramón Soriano Soriano, José Manuel Maza Martín y Miguel Colmenero Menéndez de Luarca.
