Garzón justificó la lesión del derecho de defensa de los imputados

El juez totalitario

Presentaron al juez como la Juana de Arco de la progresía inmolada en la pira de los inquisidores ideológicos

Nada hay peor que un garante del Estado de Derecho aprovechándose de su toga para burlar la ley. Y ese es el caso de Baltasar Garzón Real, condenado a 11 años de inhabilitación por ordenar la interceptación de las comunicaciones que mantuvieron en prisión los principales imputados en el caso Gürtel y sus abogados. Es decir, por prevaricar; el delito más infamante para un servidor de la Justicia. No lo decimos nosotros, ni una jauría de cazadores de brujas, ni quienes –según su egocéntrica imaginación– pretenden hundir su carrera. Lo dice el Tribunal Supremo, según el editorial de La Gaceta del 10 de febrero de 2012 –El juez totalitario-.

En una sentencia de la Sala del Penal, y por unanimidad.
En el fallo, la Sala argumenta que la decisión de Garzón al autorizar las escuchas no fue una simple interpretación errónea de la ley, sino “un acto arbitrario” que atenta directamente contra el derecho de defensa “elemento estructural esencial del proceso justo”.

La Ley General Penitenciaria dice bien claro que las comunicaciones de los presos con sus abogados no podrán ser intervenidas “salvo por orden de la autoridad judicial y en los supuestos de terrorismo”. Alegar, como hacía Garzón, que las escuchas fueron “necesarias” equivale a justificar la lesión del derecho de defensa de los imputados y se lleva por delante uno de los principios básicos del sistema procesal. Los términos de la sentencia son singularmente severos: señala que las prácticas a las que ha recurrido Garzón sólo se encuentran en “regímenes totalitarios en los que todo se considera válido para obtener la información que interesa al Estado”.

A tan grave delito corresponde una dura condena: 11 años de inhabilitación, lo que en la práctica significa el final de la carrera del superjuez. En el mejor de los casos, si no es condenado por alguna de los otras dos acusaciones de prevaricación (las fosas del franquismo y los cobros del Santander), Garzón no retomaría la toga hasta los 68 años, dos antes de la jubilación, y además tendría que concursar desde el principio por una plaza.

Lo cual es una buena noticia para los ciudadanos y para la Justicia española. Y mala para el clan de corifeos políticos y mediáticos que han puesto la mano en el fuego por Garzón, presentándolo poco menos que como una Juana de Arco de la progresía inmolada en la pira de los inquisidores ideológicos. Resulta, a este respecto, sumamente revelador que al PSOE no le haga gracia que condenen a un juez “de este perfil”.

Porque –al margen de meritorias actuaciones iniciales, en la lucha contra ETA– su “perfil” está marcado por una parcialidad incompatible con la maza de juez. Desde su paso por la política (en las listas del PSOE) hasta el intento de tapar el caso Faisán, pasando por el disparate de querer sentar a Aznar ante el Tribunal de La Haya. Por no hablar del ostentoso amiguismo en el que ha incurrido en los últimos años (las cacerías compartidas con el ex ministro de Justicia Bermejo o el policía de Gürtel).

Afirma el abogado de Garzón que “está desolado” por la sentencia. Es comprensible y no seremos nosotros quienes brindemos con champán por la condena el ex juez –como se lamenta su hija–. Pero le recordamos que los que a lo largo de estos años sí que han debido sentirse desoladas han sido las víctimas de las arbitrariedades de un juez que, enfermo de protagonismo, debió creerse que estaba por encima de la ley.

Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

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