La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo celebrará este martes una vista pública para estudiar el recurso presentado por la Fiscalía contra la absolución del etarra Arkaitz Goikoetxea del intento de secuestro del concejal del PSE en Eibar (Vizcaya) Benjamín Atutxa.
El alto tribunal deliberará sobre el recurso presentado por el Ministerio Público para posteriormente dictar una sentencia, de la que será ponente el magistrado Manuel Marchena.
La Audiencia Nacional absolvió el pasado abril al dirigente del ‘comando Vizcaya’ de ETA del intento de secuestro y ejecución del edil socialista al entender que, aunque inició esta acción y realizó vigilancias para llevarla a cabo, finalmente abandonó su propósito.
En un video proyectado durante el juicio se podía ver al etarra confesando al ex juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón que el ex jefe militar Garikoitz Aspiazu Rubina, alias ‘Txeroki’, le ordenó «secuestrar y ejecutar» al concejal socialista.
La Sección Primera de la Sala de lo Penal condenó el pasado abril a 22 años de cárcel a Goikoetxea en una sentencia en la que también impuso 16 años de prisión a Aitor Cotano y 14 años a Iñigo Gutiérrez por delitos de integración en organización terrorista, depósito de explosivos y tenencia de armas, a los que suma el de falsificación en el caso del líder del complejo.
TENIAN TRANQUILIZANTES PARA SEDAR A LA VICTIMA
El tribunal, que desestimó las denuncias de torturas que realizaron los condenados, impuso siete años de prisión a Maialen Zuazo y cinco a Ana Isabel Prieto por un delito de colaboración con banda armada, al tiempo que absolvió por falta de pruebas a Gaizka Jareño y Adur Aristegui de todos los cargos que les imputaba el Ministerio Fiscal.
La resolución, de la que fue ponente la magistrada Manuela Fernández de Prado, justificó la absolución por el secuestro y asesinato del edil del PSE argumentando que, aunque los miembros del ‘comando’ se hicieron con tranquilizantes para sedar a su víctima y pensaron en «preparar un agujero» en un monte de Pazuengos (La Rioja), finalmente no constaba «que llegaran a construir el zulo» al constatar que en esa época el concejal «iba siempre con escoltas».
El hecho de que los etarras «abandonaran el plan» porque lo consideraron «inviable» hizo valorar al tribunal que existió «un desestimiento de la actividad delictiva planificada, sin lesionar aún el objeto de protección, por lo que estos hechos no pueden considerarse constitutivos de la tentativa de delito de detención ilegal y asesinato».
