Dívar anuncia más trasparencia, un plan de austeridad y que comparecerá en el Congreso
El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar, ha declarado que no existe ninguna «irregularidad» en los viajes a Marbella por los que ha sido denunciado por el vocal José Manuel Gómez Benítez y una asociación jurídica.
En una rueda de prensa rodeada de una enorme expectación, Dívar ha señalado que no ha cometido ninguna «irregularidad ni jurídica, ni moral, ni política».
«Quiero señalar que no existe irregularidad alguna en los viajes cuestionados, han obedecido siempre a mi posición como presidente del Consejo».
El presidente del CGPJ ha indicado que no se ha planteado la dimisión:
«Es un acto de responsabilidad continuar al frente de esta institución. Sería reconcoer que he tenido una culpabilidad en las cuestiones que se me achacan cuando esto no es así».
LOS DENUNCIANTES
La asociación de juristas Preeminencia del Derecho ha presentado una querella este 31 de mayo de 2012 ante el Tribunal Supremo contra el presidente de este órgano y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), por un presunto delito de estafa relacionada con los gastos de la veintena de viajes que realizó a Marbella (Málaga) desde que tomó posesión del cargo.
De este modo, los querellantes buscan solventar el defecto formal que motivó el archivo de la denuncia por los mismos hechos que acordó ayer la Sala de lo Penal de este órgano.
El presidente de la asociación, José Luis Mazón, ha explicado a Europa Press que la presentación de la querella se produce sin que a esta parte haya llegado aún notificación oficial del archivo de la denuncia, que sin embargo fue anunicado ayer de forma oficial por el gabinete de prensa del Tribunal Supremo.
Al presumir que la no admisión lo ha sido por el hecho de que presentara denuncia, en vez de querella, el letrado ha decidido no esperar a conocer el auto y adelantar su actuación.
CUESTIÓN FORMAL
No obstante, Mazón considera que la denuncia era suficiente para investigar a Dívar porque la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) sólo exige querella cuando se trata de delitos de jueces en el ejercicio de sus funciones, lo que no se da en este caso.
El texto de la querella, de un sólo folio, se remite a lo dicho en la denuncia, es decir, imputa indiciariamente al presidente del Supremo una presunta estafa de funcionario público (artíciulo 438 del Código Penal) y subsidiariamente un delito de malversación por no estar suficientemente justificados los gastos por casi 13.000 euros que Dívar cargó al órgano de gobierno de los jueces en relación con estos viajes, realizados entre septiembre de 2008 y principios de este año.
La asociación de juristas Preeminencia del Derecho planteaba en su denuncia que la investigación realizada por la Fiscalía General sobre la actividades del presidente –que concluyó en archivo– fue una «farsa» y una «pantomima». Solicitaba a la Sala de lo Penal del alto tribunal una investigación «seria e imparcial» sobre la conducta de Dívar, con el fin de depurar su responsabilidad.
El escrito criticaba además al vocal José Manuel Gómez Benítez, responsable de la denuncia ante la Fiscalía, por no presentar la documentación directamente ante el alto tribunal.
«Tanto le daba dirigir la denuncia a la Fiscalía, por lo común hipotecada en manos del Gobierno, que a la Sala Penal del Tribunal Supremo, no sujeta a instrucciones gubernamentales», señalaba.
COMO EL LAZARILLO DE TORMES
A juicio de la asociación, presidida por el abogado murciano José Luis Mazón, el presidente del órgano de gobierno de los jueces podría haber incurrido en delito de estafa o apropiación indebida, o en su defecto malversación de caudales públicos, penadas con cárcel e inhabilitación.
«La conducta del máximo representante del Poder Judicial del Estado es propia de los ambientes del Lazarillo de Tormes o la Pícara Justicia, es decir, y en suma, es un acto de picaresca inconciliable con las obligaciones contraídas y con la ética exigible a este alto cargo público, el más representativo del Poder Judicial», señalaba el escrito.
Preeminencia del Derecho cuestionaba igualmente la actuación del jefe de gabinete de Dívar, Eduardo Menéndez, que justificó el carácter reservado de los viajes en la documentación remitida a la Fiscalía.
«Es decir, que el presidente del Consejo Judicial efectúa misiones ‘secretas’ de las que no puede desvelar detalle, algo que no tienen ningún fundamento normativo y que es obviamente una excusa de mal pagador».