La Batasuna que han pretendido disfrazar en los últimos meses para ganar votos
No cabe mayor escarnio para las víctimas y para la dignidad de un país que desde las instituciones democráticas y con dinero público se homenajee a los terroristas y se humille a sus víctimas.
Por eso es tan importante que prospere la iniciativa que impulsa el Gobierno llevando el caso a la Abogacía del Estado para impedir que el Ayuntamiento de San Sebastián, gobernado por Bildu, financie un documental sobre la vida de cinco presos de ETA.
La letra y el espíritu de la Ley de Reconocimiento y Protección a las Víctimas del Terrorismo deberían ser suficientes para evitar esa subvención.
Al margen de qué pinta un ayuntamiento financiando documentales, el episodio tiene que servir de lección para quienes ven un cambio en la izquierda abertzale. Bildu sigue al lado de ETA. Como siempre.
INDIGNACIÓN Y ESPANTO
El delegado del Gobierno en el País Vasco, Carlos Urquijo, anunció este 8 de junio de 2012 que ordenará recurrir la subvención que ha dado el Ayuntamiento de San Sebastián, gobernado por Bildu, al documental que ensalza al etarra «Antza«.
«No vamos a permitir que con dinero público se exalte la personalidad de terroristas y se humille a sus víctimas».
«Con esta propuesta de Bildu aparece la genuina Batasuna, la de siempre, la que han pretendido disfrazar en los últimos meses para ganar votos».
El documental, titulado «Poemas de la cárcel», ha recibido 9.000 euros del Consistorio donostiarra. La grabación analiza la vida en la cárcel de etarras como Mikel Albisu, conocido como «Antza».
«GENUINA BATASUNA»
Urquijo señaló que, al dar esta subvención en San Sebastián, Bildu lo que ha evidenciado es que «aparece la genuina Batasuna, la de siempre»:
«La Batasuna que han pretendido disfrazar en los últimos meses para ganar votos. No vamos a permitir que con dinero público se exalte la personalidad de terroristas y se humille a sus víctimas».
Añadió que es «evidente» que la concesión de la subvención a este documental «vulneraría la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, en concreto, su artículo 61, que obliga al Estado a evitar actos que menosprecien a las víctimas del terrorismo así como de homenaje a los terroristas».
Este mismo artículo establece que los delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas velarán porque las corporaciones locales no adopten acuerdos que puedan contravenir esta normativa, de cara a su reclamación de oficio ante los tribunales que sean competentes.
«Desde el Gobierno de España, no vamos a permitir estas decisiones y tomaremos siempre todas aquellas medidas que el derecho ponga a nuestro alcance para evitarlo».