José Luis Manzanares fue elegido presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al mismo tiempo que Pascual Sala era elegido presidente de ese mismo organismo. Sala es en la actualidad presidente del Tribunal Constitucional, que acaba de ser renovado.
Manzanares, que fue juez del Tribunal Supremo, analiza la situación para Periodista Digital:
«El problema de la independencia del Poder Judicial es, naturalmente, un problema esencial en una democracia. Y en España esta independencia está garantizada, hasta cierto punto, claro, por el sentimiento personal y el deseo personal de independencia de los jueces. Pero, desde un punto de vista institucional, las reglas del juego no son las mejores».
El TC está en actualidad en el centro de varias polémicas por haberse convertido en una herramienta política que puede tumbar sentencias dictaminadas por los tribunales ordinarios.
«EL SUPREMO ESTÁ MENOS POLITIZADO QUE EL CONSTITUCIONAL Y EL CGPJ»
«La politización en el Tribunal Supremo es menor que en el Tribunal Constitucional. La razón es muy sencilla; en el Tribunal Constitucional hay una elección directa por parte de los partidos políticos, y por parte del Supremo no es así. Podrá haber una indirecta, injerencia de la política a través del Consejo del Poder Judicial, pero hay una base, hay un fundamento jurídico de años de ejercicio profesional, de conocimiento de lo que da de sí esa persona en el terreno de las leyes que, en definitiva, refuerza la idea de independencia».
«El Tribunal Constitucional es diferente, se puede partir desde la facultad de derecho de donde sea. Se coge a un profesor o a una profesora de derecho social e, inmediatamente, pasa a formar parte de ese Tribunal. La interpretación de la ley es tarea del Supremo».
«Si a eso unimos, y lo digo con toda claridad, que el Tribunal Constitucional, desde hace tiempo, ha invadido competencias que no son suyas, sino del Supremo, modificando las pruebas que apreciaba el Tribunal Supremo, pues llegamos a esta situación actual, en la que el Supremo dice A y después, el Tribunal Constitucional, en algo que, realmente, le está vedado entrar, dice B».
«El CGPJ NO APORTA NADA A LA JUSTICIA; ESTÁ MUERTO»
En 1991 el juez Manzanares se hizo célebre porque siendo vicepresidente del CGPJ, aseguró que aquel organismo «estaba muerto» y «no aportaba nada a la justicia». Años después mantiene sus palabras:
«A veces es necesario decir frases rotundas para que a uno se le entienda. (…) ¿El Consejo está muerto? Pues según se mire, para mí el CGPJ es un fracaso. Lo digo hoy con más fuerza que lo dije entonces. Es un fracaso. Y lo que está ocurriendo ahora no es nada más que una faceta más, es una historia más de una trayectoria».
«La media de gastos de los vocales del CGPJ son cerca de 2 millones de pesetas cada uno»
«Hay que preguntar a los jueces ¿Qué opinan del Consejo? Miren ustedes, (…) la cifra de gastos sólo dentro de viajes, dentro de España, de los vocales, es de media de 2 millones y medio de las antiguas pesetas cada uno».
«¿Qué falta hacía viajar tantísimo? ¿Cuánto se podría haber hecho con ese dinero estando como están los juzgados, en una situación precaria de que se encuentran los sumarios en el servicio? Es escandaloso».
FERNANDO DE ROSA Y SUS VIAJES A PATAGONIA
Aunque el juez Manzanares no menciona el nombre de Fernando de Rosa, el actual presidente del CGPJ, la alusión a sus viajes es clara:
«No se puede ir a la Patagonia, como he leído también estos días, dos veces como ha hecho un señor que no quiero nombrar. (…) ¿A qué vamos? ¿A derramar doctrina, a enseñar a los hispanoamericanos que no han llegado a nuestro nivel jurídico-cultural? ¿o vamos a aprender de ellos? ¡Tenemos la casa sin barrer! ¿se puede hablar de justicia cuando hay que esperar 10 años, 12 años y 20 años a que haya una sentencia definitiva?»
«Una de las instituciones y los jueces uno de los cuerpos, vamos a llamarlos así, peor considerados por la sociedad española. De manera que ingresar directamente a un grupo, que a uno le parece que debiera ser excelente y por eso lo ha escogido, sabiendo de antemano que ingresa en un grupo socialmente muy mal visto, pues no es precisamente la mejor, forma de conseguir que haya vocaciones».
¿JUECES CONSERVADORES FRENTE A JUECES PROGRESISTAS?
Desde hace tiempo la prensa identifica a un grupo de jueces con la etiqueta de progresistas (de la asociación ‘Jueces para la Democracia’, próxima al PSOE) y a otros con la etiqueta de conservadores (de la APM, que quedó escorada al PP).
De hecho se supone que Pascual Sala fue elegido en su día presidente del CGPJ por ser de ‘Jueces para la Democracia’, próximo al PSOE, y Manzanares fue elegido vicepresidente por que le propuso por ser de la APM:
«Hasta ahora, en todos los Consejos del Poder Judicial ha habido eso, un presidente de una dirección política, siempre en este contexto un poco artificial, y un vicepresidente de la contraria».
«EL NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN ‘JUECES PARA LA DEMOCRACIA’ ES OFENSIVO PARA LOS DEMÁS»
Para la división de jueces fue clave la creación de ‘Jueces para la democracia’. Inicialmente la Asociación de Profesionales de la Magistratura (APM) era la única asociación existente. En 1983 se creó dentro de la APM la corriente Jueces para la Democracia, para alinear los jueces de izquierda, en 1984 se constituyó como asociación independiente liderada por Juan Alberto Belloch (actual alcalde de Zaragoza por el PSOE), Cándido Conde Pumpido (fiscal general del Estado con Zapatero), Miguel Carmona (hoy vocal en el CGPJ) y Luciano Varela (a quién los ‘garzonistas’ tacharán de ultraderechista años después).
El juez Manzanares critica el nombre de la asociación de los jueces de izquierda:
«Primeramente hay sólo una asociación judicial, que es la que ahora llaman mayoritaria, porque lo es, Asociación Profesional de Magistratura, pero dentro de esa asociación hay un grupo que es minoritario y que es el que se desgaja y crea Jueces para la Democracia, un nombre desacertado, en el sentido de que es ofensivo para los demás, jueces para la democracia son unos y son otros».
Inicialmente los miembros del CGPJ los elegían las asociaciones. Ante la mayoría absoluta que hubiera supuesto eso de cara a la APM frente a Jueces para la Democracia, el Gobierno de Felipe González (PSOE) cambió la ley para que fuera el parlamento el que designara a los miembros de CGPJ y garantizara así su equilibrio.
«Se producen unas relaciones de Jueces para la Democracia con los partidos de izquierdas, fundamentalmente con el Partido Socialista Obrero Español; y, un poco de carambola, la Asociación Profesional de la Magistratura pasa a ser colocada, en las posibilidades del Partido Popular; y así empiezan las cosas».
«Los partidos políticos, a la hora de elegir para el CGPJ, han elegido a señores de una asociación o la otra».
«El resultado es que encontramos cualquier decisión importante, el nombre del juez y el paréntesis de si es ‘conservador’ o ‘PSOE’. Efectivamente, en los asuntos que tienen conexión política, los señores escogidos porque tienen la misma ideología que un partido determinado, votan a favor de los intereses de ese partido político. De manera que hemos llegado al extremo bochornoso de que en cualquiera de esas grandes decisiones se puede calcular con un margen de error mínimo, quiénes van a votar a favor y quiénes van a votar en contra».
«EN ESPAÑA SÓLO EXISTE UN FISCAL»
«En España el juez de instrucción es mucho más independiente que el fiscal; mejor dicho, el juez de instrucción es independiente y el fiscal no. Porque el fiscal, en España, es uno sólo, que es el Fiscal General del Estado, todos los demás tienen que acatar sus órdenes y actúan por delegación de ese fiscal; de manera que es sólo un fiscal y, a ese fiscal, le nombra el Gobierno».
«Si de lo que se trata es de que los fiscales sean tan independientes como los jueces, cogeríamos a los jueces de instrucción, los llamaríamos fiscales en adelante y todos contentos».
Durante el Gobierno de Felipe González se produjeron varias polémicas en torno a la fiscalía, como que un grupo de fiscales (los llamados ‘indomables’ que lideraban Eduardo Fungairiño e Ignacio Gordillo) se negó a obedecer al fiscal de la Audiencia Nacional.
«En España, tuvimos el caso GAL. Ha habido condenas que se han conseguido contra la voluntad del fiscal; es decir, que el fiscal ahí estuvo tapando, y que si se llegó a unas condenas fue porque hubo unos señores particulares o unas asociaciones que acusaron, acusaron allí donde el fiscal no acuso».
«Podríamos entrar en toda clase de detalles, desde las famosas cartas portuguesas que sirvieron para que fueran puestos en libertad los señores Amedo y Domínguez, el fiscal pidió inmediatamente la libertad, si no recuerdo mal, y que resultaron ser falsas, lo que ustedes quieran. Habría que echar mano de hemeroteca y recordar».
«¿Las condenas del señor Barrionuevo, por ejemplo, y de algunos otros, fueron solicitadas por el fiscal? No, fueron solicitadas por la acusación particular… De manera que, la experiencia de lo que ha sido la fiscalía española en años muy tristes, por dependencia del poder político, es una experiencia que yo no quisiera repetir».
El juez Manzanares, como vicepresidente del CGPJ se opuso en 1992 a la elección como Fiscal General del Estado de Eligio Hernández, diputado del PSOE y ex boxeador, el nombramiento fue finalmente anulado por el Tribunal Supremo:
«Eligio es una persona a la que yo conozco personalmente y que merece todos mis respetos; pero el señor Eligio Hernández tiene una ideología, entonces yo no veo a Eligio Hernandez jugando con esas cartas falsas temas delicados, a ver… No lo veo, es más, lo rechazo por completo pero, indudablemente, tiene una ideología [del PSOE] y, quizás, fue nombrado por tener esa ideología».
«Luego aparecieron problemas de tipo formal, de si tenía o no tenía cumplido un requisito de los años de ejercicio profesional. Se le nombró y el Tribunal Supremo estimó que no se cumplía ese requisito y que, por lo tanto, el nombramiento era nulo».
JUEZ ESTEVILL, UN MIEMBRO DEL CGPJ CONDENADO POR CORRUPCIÓN
Al juez Manzanares le tocó co-protagonizar uno de los momentos más delicados del CGPJ, el ‘caso Estevill’. Un miembro del CGPJ, el juez Lluis Pascual Estevill (nombrado a propuesta de CiU) fue acusado de soborno en su etapa de juez de Barcelona. El juez Sala encabezó al sector que pedía la inmediata destitución de Estevill como vocal, en cambio el juez Manzanares defendía que siguiera en el CGPJ hasta que el Supremo se pronunciara:
«Es la primera vez que tengo la oportunidad de hablar de esto. Pascual Estevill había sido propuesto por CiU y votaba con frecuencia en el grupo, digamos, conservador; y pasa lo que pasa y entonces el grupo progresista quiere el cese inmediato. Entonces el señor Manzanares, que preside, digamos, el otro grupo, se lee la ley orgánica del Poder Judicial, que dice que no existen ceses si no son voluntarios, si no es por los hechos cometidos ya como consejero, y los hechos de este señor eran muy anteriores».
«Con la ley en la mano, aquello no se podía hacer. Naturalmente llegan los medios de comunicación y dicen que es una barbaridad y que los que estamos defendiendo.
«Entonces dieron un segundo paso que fue Estevill no interviniera en las votaciones para el Supremo, porque podía ser que uno de esos le juzgara a él; de manera que se le quería recortar este derecho. Y yo, con pesar, cedí en aras de la concordia; se aprobó que este señor no pudiera intervenir en estos nombramientos».
«¿Qué pasó después? Que el señor Pascual Estevill recurrió esa resolución y que el Tribunal Supremo la echó abajo. Diciendo que a un vocal no se le podía privar de uno de sus derechos por una resolución del propio Consejo».
Estevill terminó siendo condenado por prevaricación en 1996 y, posteriormente, por corrupción en 2005.
«NO ME PARECE BIEN QUE GÓMEZ BENITEZ NO COMUNICARA A DÍVAR LO QUE IBA A HACER»
El juez Manzanares, después de criticar los gastos de todo el CGPJ presidido por Carlos Dívar, también se muestra crítica con el vocal del CGPJ que denunció a Dívar, Gómez Benitez, que recurrió durante varios días distintos medios de comunicación:
«En una ocasión, siendo vicepresidente del CGPJ, vino a verme un vocal y me dice «oye, me he enterado de que el consejero fulanito en un mes, que tiene 28 días, tiene una cantidad de dietas que casi agota el mes, si esto llega a los medios de comunicación va a ser un escándalo».
«Llamé a este señor y me dijo «pues realmente eso es un error, yo no tengo esas dietas; quizás, en fin, a lo mejor mi secretaria» -pero inmediatamente- «Y si hay que devolver algo, vamos es que me falta tiempo» Aquello terminó así, se hizo la corrección, no se esperó un año o dos años, a ver si sumando muchas dietas de más podíamos hundirle».
«Y si hay que denunciarlo se lleva a los Tribunales, y de ahí llegará a los medios»
«A mí no me ha gustado la manera de proceder [de Gómez Benitez], me parece muy bien incluso, que haya ido con una querella [contra Dívar]; no me parece tan bien que ni siquiera informase al presidente del Consejo [Dívar] de su intención (…) para que no se entere por los periódicos. A mí no me ha gustado, y digo esto sin defender, en absoluto, al señor Dívar».
CONSTITUCIONAL VS SUPREMO
Desde el año 2000 se viene observando una fuerte guerra entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, que incluyó que en 2004 el Supremo condenara a todos los miembros del Constitucional por asumir competencias que no les correspondía. El juez Manzanares es claro a ese respecto:
«El Tribunal Constitucional puede conceder el amparo por la presunción de inocencia. Ahora, una vez que haya pruebas vaporables, la prueba del Tribunal Supremo va a misa».
«Cuando hay una prueba, o dos o tres, y al final esas pruebas se anulan porque fueron obtenidas irregularmente de manera que violaban algún derecho de la carta magna, pues nos hemos quedado sin pruebas, eso es cosa del Tribunal Constitucional: derecho a la intimidad, se ha infringido».
«Ahora bien, si lo que pasa es que hay dos testigos que dicen blanco y uno que dice negro y el Tribunal Supremo ha concluido de una manera, pues a partir de ahí, lo que diga el Tribunal ordinario, debería ir a misa; no puede venir el Tribunal Constitucional y decir que ellos lo interpretan de otra manera. (…) Eso es competencia del tribunal ordinario».
«El Tribunal Constitucional invade competencias que no son suyas, como manifestaban varios magistrados del TC en sus votos particulares».
