El ministro del Interior telefoneó a la viuda lamentando la decisión del juez y el fiscal recurrirá el auto del magistrado
El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez decidió este 21 de julio de 2012 poner en libertad bajo una fianza de 10.000 euros a dos de los secuestradores del empresario Publio Cordón.
Su decisión provoca perplejidad y asombro, ya que habían transcurrido tan sólo 48 horas desde que Interior se apuntara el gran éxito policial de localizar el lugar donde Cordón fue encerrado en julio de 1995 y de detener a tres de sus captores, según el testimonio de un testigo protegido.
Gómez Bermúdez interrogó este sábado a los tres detenidos por la Policía y dictó auto de prisión incondicional contra el grapo Ramón Teijelo, que custodió a Cordón en el chalé de Lyon donde estuvo 15 días y que, luego, enterró su cadáver en el monte, según la versión del testigo protegido.
Lo que resulta muy difícil de entender es por qué Gómez Bermúdez decretó poner en libertad bajo una reducida fianza a Manuela Ontanilla y Vicente Sarasa, dos veteranos grapos con un importante historial delictivo que ayudaron a Teijelo a mantener al empresario en el interior del zulo del que se escapó antes de morir al caer de una ventana.
Ontanilla y Sarasa se negaron a declarar, por lo que la resolución del juez Bermúdez resulta todavía más difícil de justificar.
Si, como sostiene la Policía, ambos colaboraron con los carceleros de Cordón y luego encubrieron su fallecimiento, Gómez Bermúdez no debería haberles dejado en libertad por la evidente gravedad del delito y sus consecuencias.
Pero el juez no cuestiona en su auto que participaran en el secuestro. Es más, parece dar crédito a la versión policial hasta el extremo de que ayer decidió abrir diligencias para investigar quién filtró los informes de las Fuerzas de Seguridad sobre la localización del chalé de Lyon y la identidad de los secuestradores, lo que también resulta difícil de entender si se considera que muchos detalles fueron revelados por el ministro del Interior y varios agentes en rueda de prensa.
Sorprende que el mismo juez que se negó a investigar la vulneración de la cadena de custodia de pruebas esenciales sobre los atentados del 11-M como la mochila de Vallecas, actúe ahora con tanto celo para esclarecer la filtración de un éxito policial.
Para explicar la puesta en libertad de los dos grapos, Bermúdez sostiene que no hay razones para dictar prisión preventiva contra Manuela Ontanilla, por su edad y por estar vinculada sentimentalmente a Teijelo, ni contra Vicente Sarasa, porque ha comparecido ante la Justicia en otros procedimientos.
Ninguno de estos motivos atenúa la importancia del delito ni elimina el alto riesgo de fuga que existe en un caso tan grave.
Por ello, resulta comprensible la indignación de la familia de Publio Cordón el malestar de la Guardia Civil.
Según se desprende de la resolución judicial, el magistrado consideró que «las propias manifestaciones de José Antonio Ramón Teijelo acreditan indiciariamente que tiene un conocimiento de los hechos investigados».
Gómez Bermúdez aseguró a M.G. y D.G. de ‘La Gaceta’ que las declaraciones de Teijelo «parecen impropias de quien no ha tenido relación alguna con los hechos».
La Fiscalía va a recurrir la decisión de Bermúdez.
El magistrado aún tiene pendiente interrogar a la cuarta detenida relacionada con la acción terrorista, María Victoria Gómez, que permanece arrestada en el centro penitenciario de Cáceres.
Carmen Cordón, una de las hijas del empresario, se mostró indignada por la decisión del juez Bermúdez, al que acusó de «amparar a terroristas, desprotegiendo a una familia de bien».
«Además de tirar por la borda 17 años de investigación de la Guardia Civil».
La opinión de Carmen, periodista y a efectos prácticos portavoz de la familia Cordón, es tajante:
«Suena fuerte, pero me gustaría que todo esto hubiera pasado con el padre de Berdúmez. Este auto es una oda a lo absurdo de este país».
«Ya dije en muchos medios de comunicación que nos quedaba un larguísimo recorrido: el de la Justicia. Así ha sido. Desgraciadamente no han pasado ni 24 horas y ya estamos luchando contra la Justicia para que se haga justicia…».
«Estamos ante una inconsciencia absoluta, porque se pueden escapar. Estos terroristas tienen la información que necesitamos para resolver el caso de mi padre… Lo secuestraron, nos robaron, 17 años han vivido ellos sus vidas bien tranquilas, en paz con sus vecinos, veraneando en Andalucía… Y, cuando los cazan, los ponen en libertad. ¿Qué crees que van a hacer? Escapar».
Desde que el 27 de junio se decretara el secreto de sumario, la familia desconoce los delitos que imputan a los detenidos, aunque la Benemérita les asegura que continúan investigando.
El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, telefoneó a la viuda lamentando la decisión del juez.
