Los dirigentes de la empresa privada tuvieron acceso a "información sensible" de la Policía
El Ministerio del Interior, entonces dirigido por Rubalcaba, cedió a la empresa privada Interligare parte de las dependencias policiales de Canillas para que desarrollara un trabajo sobre Memoria Historia que había encargado el juez Baltasar Garzón.
Según El Mundo, la Brigada de Delincuencia Económica de la Policía Nacional cree que el contrato fue encargado a Intergare por la gran amistad que había entre el juez Garzón y los consejeros de la empresa tapadera de altos cargos de Interior Gabriel Fuentes y Antonio Vicent Pecaharromán. El proyecto, adjudicado a dedo, costó 100.000 euros y nunca se entregó. Los dirigentes de la empresa tuvieron acceso a «información sensible» de la Policía.
El diario de Unidad Editorial explica que la Dirección General de Infraestructuras del Ministerio del Interior bajo el mandato de Luis Luengo filtraba por correo las bases de los concursos a Interligare para que las hicieran a medida.
Además, la Policía judicial cree que Interligare radicó sus oficinas en el tercer piso del número 15 de la calle Génova para espiar al PP —La ‘Banda de Interligare’ espiaba la sede del PP desde el edificio de al lado–.
Delincuencia Económica atribuye a los responsables de Interligare, entre los que se encuentra el ex jefe Superior de Policía de Madrid Miguel Ángel Fernández Rancaño y José Luis Martín Juárez, delitos contra la Seguridad Social, falsedad documental, tráfico de influencias, cohecho, estafa y deslealtad profesional.
La Gaceta publica que Rubalcaba adjudicó a dedo un contrato de 800.000 euros a Interligare y la resolución la firmó el mismísimo Antonio Camacho, número 2 de Rubalcaba y posteriormente ministro del Interior.
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