El docuemnto con el que se justifico el tercer grado penitenciario tampoco incluye historial clínico, ni los antecedentes del paciente
El asunto apesta y cada vez son más los ciudadanos que se preguntan por los motivos que puede haber tenido el Ministerio del Interior y en última instancia el Gobierno Rajoy para abrir la puerta de la carcel al verdugo de Ortega Lara.
Esteban González Pons ha dicho este lunes que sería más duro ver que el Gobierno no aplicase la Ley, a ver que la «bestia» de Josu Uribetxebarria Bolinaga anda por la calle.
«Por duro que sea ver a una bestia como esta fuera de la cárcel, aunque no lo parezca a primera vista, más duro puede ser ver al Gobierno inaplicando la ley por causas subjetivas».
«La Ley es la Ley, y por dura e incomprensible que sea, los demócratas no podemos dejar de aplicarla».
Es cierto lo que sostiene el vicesecretario de Estudios y Programas del PP pero, en este asunto, da la impresión de muchos se están pasando la legislación española y la dignidad de las víctimas de ETA por la ‘entrepierna‘.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha advertido este 20 de agosto de 2012 de que el informe médico, con el que se justificó la concesión del tercer grado penitenciario al etarra Bolinaga, no está firmado por doctor alguno.
Para mayor desvergüenza, a eso se suma que carece de historial clínico y de cualquier tipo de antecedente médico del terrorista.
LAS VÍCTIMAS DE ETA
A pocas horas antes de que se despeje la duda de si el asesino y secuestrador es excarcelado y con los apoyos abertzales cada vez más explícitos, las víctimas del terrorismo plantean nuevas dudas, más allá del lógico rechazo a esta medida autorizada por Interior.
«Para nosotros, lo ideal es que Jesús María Uribetxeberria muriera de metástasis, si es que efectivamente padece esta enfermedad, en la cárcel», asegura Consuelo Ordóñez, hermana del dirigente del PP del País Vasco Gregorio Ordóñez, asesinado por ETA en enero de 1995, y representante de Covite, el colectivo de víctimas del País Vasco.
Ordóñez apunta en la misma dirección que marcó la semana pasada la presidenta de la AVT, Ángeles Pedraza.
La hermana del dirigente popular advierte de que los informes médicos han sido elaborados por facultativos dependientes de Osakidetza, el Servicio Vasco de Salud, controlado por el Ejecutivo de Patxi López, que desde un primer momento se ha mostrado partidario de la puesta en libertad del carcelero de Ortega Lara.
LOS PASOS DEL GOBIERNO
Como recuerda Joaquín Manso en ‘El Mundo’, el pasado viernes, el Gobierno aprobó la concesión del tercer grado al preso etarra Uribetxebarria Bolinaga, enfermo de cáncer.
Tras esa decisión, le corresponde al juez fijar las condiciones concretas en las que se aplicará el nuevo régimen penitenciario del preso.
Pero antes de que el juez tome su decisión, la Fiscalía debía fijar su opinión.
Al estudiar el informe médico presentado por Instituciones Penitenciarias -organismo dependiente del Ministerio del Interior- y que supuestamente justifica la concesión del tercer grado, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha encontrado graves carencias por lo que ha solicitado una ampliación del mismo.
Según pide la Fiscalía, el informe, en el que se sostiene que el estado del etarra es «irreversible«, debe ser ampliado con el historial clínico del paciente, sus antecedentes médicos, así como que vaya firmado por «personas concretas» y no por una comisión médica.
Informa la Agencia EFE de que la Fiscalía aún no ha recibido la notificación de la incoación del expediente de libertad condicional de Uribetxebarria -que este lunes cumple su decimotercer día en huelga de hambre-, trámite posterior a la concesión del tercer grado y que debe realizar la Junta de Tratamiento de la cárcel de Zaballa (Álava).
Segundo informe
Aparte del citado informe, al Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria debe llegar también otro informe que reclamó el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz sobre si el cáncer que padece el preso puede ser tratado por los servicios penitenciarios hospitalarios.
Una vez reciba estos informes, la clínica forense de la Audiencia tendrá que elaborar otro en el que constate el estado de salud del facineroso, tras lo que se dará traslado a la Fiscalía para que se pronuncie sobre la procedencia o no de dejar en libertad provisional al etarra, condenado, entre otros crímenes, por el secuestro del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara.
Las fuentes consultadas consideran que esa postura se conocerá en un plazo de entre diez y quince días, tras lo que el juez central de Vigilancia Penitenciaria, José Luis Castro, podrá ya tomar una decisión sobre la excarcelación de Uribetxebarria que, en cualquier caso, no será inmediata.
Instituciones Penitenciarias clasificó en tercer grado el pasado viernes al terrorista y propuso que cumpliera «estrictas reglas de conducta» si queda en libertad condicional.
Así, sugería el alejamiento de sus víctimas o de los familiares directos de éstas, así como la prohibición de ausentarse, sin previa autorización de la Administración Penitenciaria, de la localidad en la que fije su residencia.
También planteaba que se le prohíba participar de forma activa o pasiva en manifestaciones públicas de enaltecimiento o legitimación de la violencia, especialmente de la banda terrorista ETA, y que haga declaraciones que conlleven desprecio o desconsideración de las víctimas del terrorismo.