Vaticina que el Gobierno del PP "terminará haciendo bueno" a Zapatero
El estrepitoso fracaso de la vía Nanclares (beneficios penitenciarios para aquellos presos etarras que muestren arrepentimiento, pidan perdón a las víctimas y se desmarquen de la banda criminal), resucitada por el Ministerio del Interior el pasado abril, ha obligado al Gobierno a mover ficha.
El secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, reconoció ayer este fiasco en las páginas del diario ‘El País’, donde revela que «ningún nuevo recluso de ETA» se ha acogido al plan de inserción que impulsó el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero y que rescató el de Mariano Rajoy esta primavera.
Este traspiés, motivado también en buena medida a la férrea disciplina que consigue imponer la organización terrorista ETA dentro de su colectivo de presos, quiere ser enmendado por el Ejecutivo con un nuevo programa que está ultimando sobre los miembros de la banda que se encuentran fugados de la Justicia.
En concreto, estos planes de Interior, que ayer confirmaron fuentes de este departamento, afectarían a unos 300 huidos, según datos del Ejecutivo, y en torno a 184, según una última denuncia de Dignidad y Justicia.
La intención del Gobierno pasa por permitir a aquellos prófugos sin cuentas pendientes con la Justicia, sobre los que no existe una orden de busca y captura inmediata, que regresen a España con la garantía de que no serán imputados por pertenencia a ETA si -y he aquí la condición principal- se desvinculan de la banda asesina.
En cuanto a los que aún mantengan procedimientos abiertos de vuelta al país, tanto si son condenados como si deben cumplir con un pena ya impuesta, Interior también les posibilitaría acogerse a la vía Nanclares e ingresar en prisiones del País Vasco, pero siempre y cuando cumplan también con esa desvinculación de los pistoleros.
Al estar aún perfilándose el plan por parte del Ejecutivo, con el que está colaborando también la Fiscalía, como confirmaron ayer fuentes del Ministerio Público, todavía no hay plena certeza de si se requerirán a los fugados más requisitos para poder incorporarse a este programa.
Como posibles exigencias a poner sobre la mesa, fuentes de la lucha antiterrorista consultadas por este periódico subrayan la importancia de establecer como «condición sine qua non que los terroristas colaboren con la Justicia para esclarecer los cientos de crímenes de ETA aún sin revolver».
«De ignorar esta obligación, se estaría contribuyendo a crear un margen de impunidad para que etarras de ese colectivo de fugados no respondan por crímenes donde hay indicios de su participación, pero que siguen sin esclarecerse».
Las víctimas del terrorismo denuncian la existencia de 314 casos aún en el aire, de los que 53 forman el cupo de aquellos sobre los que directamente no existen antecedentes documentales, aunque la Fiscalía ya ha solicitado a la Policía y Guardia Civil que aporten la documentación que posean al respecto.
Con la indignación aún en el cuerpo por la inminente excarcelación del preso etarra Jesús María Uribetxeberría Bolinaga, proceso acelerado en los últimos días, las víctimas volvieron ayer a arremeter contra la política penitenciaria del Gobierno.
La presidenta de la AVT, Ángeles Pedraza, señaló a este diario que le parece «sospechoso y deleznable» el momento elegido.
«Es un escándalo y una vergüenza que con lo que está pasando en este país en todos los niveles se esté gastando el dinero en planes para asesinos».
Reunión privada
Por su parte, el presidente Dignidad y Justicia, Daniel Portero, dijo no sentirse sorprendido de que el departamento de Jorge Fernández Díaz prepare tal iniciativa, puesto que, recordó a EP, «este plan se estaba proyectando desde hace tiempo; desde la época de Zapatero».
El ex presidente se reunió en secreto con el ministro a principios del pasado enero. Desde Voces contra el Terrorismo (VCT), Francisco José Alcaraz, vaticina que el Gobierno del PP «terminará haciendo bueno» a Zapatero.
NOTA.- leer artículo original en ‘La Gaceta’
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