Siete víctimas de ETA han anunciado que iniciarán una huelga de hambre frente al Ministerio del Interior si finalmente Uribetxeberria Bolinaga es excarcelado, decisión pendiente de la Audiencia Nacional
Lo explica muy bien el diario El Mundo este viernes 24 agosto 2012 en un editorial titulado ‘Interior oculta un grave error tras una falsedad’ después de que el día anterior el ministro del Interior Fernández Díaz dijera que «ha sido muy doloroso conceder el tercer grado a Uribetxebarria» y que de no haberlo hecho habría sido «prevaricar»:
Lo lamentable es que el Gobierno haya dejado que las cosas lleguen hasta este punto por un error que podía haber evitado con estricto respeto a la legalidad. Así no se vería obligado a justificar y ocultar ese grave error con una falsedad.
Es lo que hizo el ministro del Interior, visiblemente molesto por cierto, al asegurar que al Gobierno le «duele» la decisión, pero que de no haber concedido al recluso el tercer grado habría incurrido en «prevaricación». El delito de prevaricación está perfectamente tipificado y se aplica a las autoridades que toman una decisión injusta a sabiendas.
Ningún juez aceptaría una querella por prevaricación contra un Gobierno por haber realizado una interpretación distinta del artículo 104.4 del Reglamento Penitenciario, que establece que «los penados enfermos muy graves podrán ser clasificados en tercer grado».
Dice «podrán» y no «deberán», lo que significa que no hay un mandato preceptivo, sino facultativo. Bolinaga no ha pedido perdón a las víctimas ni se ha arrepentido, no está en fase terminal, por lo que podría continuar en un hospital penitenciario y existen muchas dudas en torno al informe de los médicos, e incluso al tratamiento recibido.
El padre de Diego Salvà, guardia civil asesinado en el último atentado de ETA, ha dirigido una carta al responsable de Instituciones Penitenciarias en la que cuestiona su argumento para justificar el traslado de la cárcel de León a San Sebastián para su tratamiento oncológico porque había sido operado allí. Antronio Salvà, urólogo de profesión, asegura que en León hay profesionales de la medicina tan preparados como en San Sebastián. «Usted podrá engañar a parte de la población, pero a mí no. El traslado es una cuestión política», concluye.
Como tal decisión política, la excarcelación de Bolinaga está originando una fuerte marejada en el seno del PP. Esperanza Aguirre aseguró ayer que ella no lo hubiera hecho -«una cosa es que se pueda y otra que se deba»- sumándose así a las críticas de Mayor Oreja. Precisamente Jorge Fernández dedicó al ex ministro de Aznar una carga de profundidad al asegurar que en su etapa en Interior hubo 16 excarcelaciones de etarras similares a la de Bolinaga.
Da una explicación jurídica más detallada el reputado catedrático de Derecho Penal Enrique Gimbernat, quien rechaza de plano que la concesión del tercer grado para enfermos graves se convierta en obligatoria por la aplicación que han ido haciendo los tribunales, que es el argumento que utilizó el ministro del Interior para justificar su decisión y su hipérbole de que, de no haberlo hecho, habría incurrido en una prevaricación.
Lo que dice el Reglamento Penitenciario es que «los penados enfermos muy graves con padecimientos incurables, según informe médico, […] podrán ser clasificados en tercer grado por razones humanitarias y de dignidad personal, atendiendo a la dificultad para delinquir y a su escasa peligrosidad».
Es decir: una vez más, ‘podrán’ y no ‘deberán’.
La sentencia del Tribunal Constitucional a la que se refirió el ministro concluye lo siguiente:
«Quede claro que tan sólo una enfermedad grave e incurable, en cuya evolución incida desfavorablemente la estancia en la cárcel con empeoramiento de la salud del paciente, acortando así la duración de su vida aun cuando no exista riesgo inminente de su pérdida, permite la excarcelación del recluso si se dan las demás circunstancias cuya concurrencia exige el Código Penal».
Es decir: por un lado, dice ‘permite’, y no ‘obliga’. Y, por otro, lo que deja bien claro es que tienen que cumplirse los demás requisitos que contempla la ley.
Para el tercer grado, bastan «la dificultad para delinquir» y la «escasa peligrosidad». Pero, para la libertad condicional, el Código Penal exige a los presos terroristas, también a los que están enfermos incurables, que se desvinculen de la banda y pidan perdón a las víctimas. Eso sí, con una notable excepción: que el peligro para la vida del recluso «sea patente». Es decir, que se encuentre en riesgo inminente de muerte.
Sobre este punto es sobre el que tiene que decidir el juez central de Vigilancia Penitenciaria, José Luis de Castro, previos informes del médico forense y de la Fiscalía. Unos y otros habrán escuchado nítidamente el mensaje del ministro: «Prevaricación».
LA REACCIÓN DE LAS VÍCTIMAS
Siete víctimas de ETA han anunciado que iniciarán una huelga de hambre frente al Ministerio del Interior si finalmente Uribetxeberria Bolinaga es excarcelado, decisión pendiente de la Audiencia Nacional, una vez que el Gobierno le ha concedido el tercer grado.
También la AVT, que agrupa a la mayoría de las víctimas de ETA, protestará por la decisión del Gobierno con movilizaciones en las que visitarán las cárceles españolas con reclusos etarras, un viaje que finalizará en Soto del Real. Ambas iniciativas dan buena cuenta del malestar y la indignación de las víctimas del terrorismo con el Ejecutivo del PP, al que acusan de haber abandonado la firmeza en el combate contra ETA. El enojo de los que han sufrido el zarpazo del terrorismo es completamente lógico -y está abriendo una brecha entre el PP y muchos de sus votantes-, pero la presión ejercida a través de una huelga de hambre no nos parece lo más conveniente. Por mucho que les duela, las víctimas que lo han anunciado deberían recapacitar.
