Cuando Ortega Lara fue rescatado, la Guardia Civil encontró 25 millones de pesetas en billetes de diez mil
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La trama financiera que los investigadores de la Guardia Civil atribuyeron en 1997 a ETA durante el transcurso de la liberación de José Antonio Ortega Lara no sólo ha permanecido intacta durante estos últimos 15 años, sino que su entramado societario se ha extendido de forma ostensible por diversos puntos de la geografía nacional, según ha podido constatar La Gaceta a través de las notas simples del Registro Mercantil Central consultadas, en relación con las actividades financieras del presunto etarra Emilio Arrizabalaga Ruiz de Azúa, detenido por el secuestro del funcionario de prisiones.
Cuando Ortega Lara fue rescatado, la Guardia Civil encontró 25 millones de pesetas en billetes de 10.000, una importante cantidad de dinero que, a juicio de los investigadores, no era nada habitual que los terroristas guardaran en el mismo sitio donde tenían secuestrada a una persona.
La Guardia Civil creyó resuelto el dilema de por qué estaba ese dinero en el zulo a raíz de las declaraciones de dos de los autores materiales del secuestro de Ortega Lara, concretamente las de José Miguel Gaztelu Ochandorena y José Luis Erostegui Bidaguren.
Ambos incorporaron en sus manifestaciones un nuevo nombre a la lista de detenidos, el de Emilio Arrizabalaga Ruiz de Azúa. Arrizabalaga era un antiguo etarra que había colaborado con los miembros de este comando y que ahora se encontraba un tanto apartado de la organización terrorista, regentando diversas sociedades mercantiles domiciliadas algunas de ellas en Mondragón, localidad donde tenía y tiene su domicilio familiar y donde estaba enclavada la nave que ocultaba el zulo en el que se encontró al funcionario de prisiones.
Los guardias civiles ponderaron el hecho de que Arrizabalaga había sufrido ataques al corazón y ya no estaba preparado para andar por ahí colocando bombas, pero sí podía realizar trabajos como el blanqueo del dinero procedente de los secuestros y del pago del denominado impuesto revolucionario.
De otro lado, los investigadores supieron que desde 1993 Arrizabalaga era administrador de la mercantil Laminaciones de Perfiles Especiales SA, domiciliada en Legutiano (Álava) y cuyo objeto social era la compraventa al por mayor de otra maquinaria y equipo. Otros dos miembros del comando que secuestró a Ortega Lara, José Luis Erostegui Bidaguren y Javier Ugarte Villar, administraban a su vez la mercantil Imupo SL, con domicilio en Miranda de Ebro (Burgos), dedicada al comercio al por mayor de máquinas de herramientas.
Podía tratarse de algo más que de una coincidencia el hecho de que el acceso al zulo donde estaba secuestrado el funcionario de prisiones dependiera de un interpuesto y extraño artefacto hidráulico de difícil y complicado manejo, y que tres de los sospechosos del secuestro administraran empresas del ramo.
Con la detención de Arrizabalaga, los agentes de la Benemérita creyeron haber hallado tras él la huella de la trama financiera de ETA, materializada en al menos 12 sociedades mercantiles en las que Arrizabalaga formaba parte del consejo de administración o era socio capitalista.
Lo más sospechoso era que Arrizabalaga había hecho negocios en el Campo de Gibraltar, llegando a adquirir dos fincas en Algeciras a través de una de sus compañías, Suberoa. El entonces juez Garzón no tardó en decretar la prisión provisional sin fianza al presunto etarra Emilio Arrizabalaga.
El olvido
Pero ahí quedó todo. Porque a raíz de que en octubre de 1997 el juez Gómez de Liaño declarara finalizada la instrucción del Sumario del secuestro de Ortega Lara, de Arrizabalaga ni de sus sociedades nunca más se supo. El presunto etarra quedó en libertad y así comenzó a tejerse su nombre para la historia de los olvidos célebres. Fuentes de la Guardia Civil consultadas por La Gaceta no han dudado en reconocer que Arrizabalaga «se fue de rositas. Sabíamos que colaboró en algunas acciones con el comando que secuestró a Ortega Lara, pero es un tipo hábil, capaz de engañar al más pintado». Y es que la Guardia Civil pudo comprobar que un día antes de su detención Arrizabalaga había estado en el Campo de Gibraltar, donde era conocido en los hoteles de la zona como El Vasco.
Se llegó a especular con la posibilidad de que Arrizabalaga pudiera estar blanqueando dinero de la organización terrorista a través de sociedades que mantenía abiertas en Gibraltar. El entonces director general de la Guardia Civil, Santiago López Valdivielso, adelantó que el Cuerpo estaba avanzando en las investigaciones encaminadas a desenmascarar los contactos de ETA y el narcotráfico, sin que en su comparecencia ante los medios de comunicación hiciera alusión al nombre de los detenidos.
Por su parte, las autoridades de La Roca no tardaron en desmentir rotundamente la posibilidad de que ETA estuviera operando por medio de sociedades interpuestas y con testaferros en Gibraltar, afirmación que hoy resulta un tanto peregrina conociendo como se conoce hasta dónde alcanzan las posibilidades del crimen organizado y del terrorismo internacional.
Otro acicate que produjo el olvido policial-judicial de Arrizabalaga fueron las manifestaciones que su socio Gregorio Idígoras hizo en 1997 al periódico El Correo, en las que decía que hacía un año que había roto sus relaciones comerciales con él. Se da la circunstancia de que ambos socios coincidían entonces y coinciden hoy en un sinfín de sociedades mercantiles distribuidas por Guipúzcoa, Álava, Burgos, Tarragona, Cádiz y Madrid. Hay que señalar que Gregorio Idígoras jamás fue implicado por la Guardia Civil en los hechos en los que sí acusaron a su socio.
La Gaceta ha podido constatar que Gregorio Idígoras no decía la verdad cuando hizo estas declaraciones exculpando a su socio en El Correo, porque no solamente no rompió relaciones mercantiles con Arrizabalaga, sino que las mantiene al día de hoy en varias compañías que figuran activas en el Registro mercantil. Entre ellas, además de Laminaciones de Perfiles Especiales SA, LAPESA, las siguientes: Aizorrotz Hiru SL, domiciliada en Vila-Seca i Salou (Tarragona), en las que ambos socios figuran como administradores desde octubre de 2002; Mahalako Arrabala SL, con domicilio social en Mondragón. Arrizabalaga e Idígoras son administradores de la misma desde el año 2004; Bizkai-Etorbidea SL, de Mondragón, en la que también son administradores desde 2007; Aizorotz SL, de Mondragón. En esta ambos son administradores desde 2001.
