El informe también resulta devastador para la tesis sostenida por Instituciones Penitenciarias en los aspectos técnicos
El trámite judicial en el que se decide el futuro penitenciario del etarra Uribetxeberría Bolinaga entró ayer en su fase final y lo hizo recalcando los hitos desfavorables para el Gobierno de Mariano Rajoy, al que este proceso le está resultando arduo después de que Interior decidiera concederle el tercer grado.
Tras conocerse la existencia de deficiencias en los informes médicos en los que Instituciones Penitenciarias fundamentó su decisión, Interior ha recibido sendos varapalos en la defensa de su tesis en este asunto. Primero, el informe médico del forense de la Audiencia que rechaza la obligatoriedad de otorgar la libertad condicional a Bolinaga por cuestiones de salud. Y, ayer, el pronunciamiento de la Fiscalía sobre dicho particular en términos similares a ese texto.
El escrito remitido por el fiscal Pedro Rubira al juez de Vigilancia Penitenciaria, José Luis Castro, incide en el último informe médico realizado por la Audiencia para afirmar que no hay constancia de que «la estancia carcelaria (o centro hospitalario penitenciario) sea factor determinante de una disminución de las expectativas de vida». También comparte el argumento de que el cáncer que padece el etarra «es compatible» con ser tratado en la cárcel y que si se le debe administrar radioterapia o someterle a una intervención quirúrgica, debe realizarse en un hospital, informó EFE.
Para el fiscal, Bolinaga no cumple «los requisitos exigidos por la legislación vigente» para excarcelarlo, y sentencia: «El penado carece en el momento actual de sintomatología que permita incluirlo en una situación claramente terminal, por lo que no se encuentra en el último periodo de su vida, no ha sido sometido a tratamiento terapéutico de radioterapia o quimioterapia».
El informe también resulta devastador para la tesis sostenida por Instituciones Penitenciarias en los aspectos técnicos. Así, el fiscal Rubira se muestra sorprendido de que el documento de los servicios médicos de la prisión de Zaballa -esgrimido por Prisiones para conceder el tercer grado- omitiera referencias al índice Karnofsky -indicador que predice la evolución en pacientes oncológicos- y, aun así, concluyera que Bolinaga «requiere de asistencia importante y atención médica frecuente».
Reacción
El conocimiento del escrito del fiscal coincidió con la comparecencia pública de Fernández Díaz en la que daba cuenta de las novedades en el caso de los niños desaparecidos en Córdoba, razón por la que pudo aludir a la postura del Ministerio Público. Sin llegar a pronunciarse sobre el informe de la Fiscalía, el titular de Interior defendió las medidas adoptadas por su departamento al recordar que la concesión del tercer grado no fue «ni impugnada ni recurrida», lo que, a su entender, avala la postura gubernamental.
La de ayer no fue la primera manifestación del choque de criterios entre el fiscal y el ministro Fernández Díaz. De hecho, fue el fiscal jefe de la Audiencia, Javier Zaragoza, quien instó al tribunal a retrasar la puesta en libertad de Bolinaga tras la concesión del tercer grado para que se solventaran las deficiencias en los informes médicos que aconsejaron la medida.
El escrito del fiscal era el último requisito necesario para que el juez Castro pudiera pronunciarse sobre la libertad condicional a Bolinaga. En situaciones similares, siempre se ha decantado por la liberación del preso.