“Nos duelen las tripas, pero la ley es la ley”, resume un ministro parafraseando a González Pons
El Gobierno ha sido en todo momento perfectamente consciente del frontal rechazo de la población -especialmente de las víctimas y de sus votantes- a la excarcelación del etarra enfermo responsable de los asesinatos de al menos tres guardias civiles y los secuestros de José Antonio Ortega Lara y el industrial Julio Iglesias Zamora, Josu Uribetxeberría Bolinaga.
Con todo, el camino al que apuntó en agosto el Ministerio del Interior que dirige Jorge Fernández Díaz mediante la sorpresiva concesión del tercer grado a Bolinaga, que ni siquiera ha mostrado arrepentimiento y trató de chantajear al Estado, siempre ha apuntado en la misma dirección: la excarcelación que anteayer confirmó el juez José Luis de Castro.
Si inmediatamente después de que se diera a conocer el auto desde el Gobierno resaltaban en respuesta a este diario que en este caso, como en el resto, acataban y respetaban lo que dicten los tribunales, este viernes 31 agosto 2012 ni siquiera llegaron a eso. Silencio. Mutismo absoluto.
El asunto ni se abordó durante la rueda de Prensa posterior al Consejo de Ministros, durante la que comparecieron la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y el ministro de Economía, Luis de Guindos. Tampoco en los pasillos, donde remitían a Interior. Prácticamente todas las preguntas de la comparecencia se refirieron a la tercera y última reforma financiera. El grueso de los periodistas que pudieron interpelar al Gobierno provenía del área económica.
Así, el caso Bolinaga se quedó fuera del Consejo y tan sólo algunos ministros, siempre en privado, valoraban la noticia política del día. Uno de ellos destacó a La Gaceta que se trata de un caso «difícil» ante el que, en clave interna, «me parece injusto echarle la culpa a Jorge», en alusión a Fernández Díaz. «La situación era endiablada y su margen de maniobra reducido», concluían.
Otras fuentes, como dirigentes del Partido Popular en el País Vasco consultados por este diario, sí que han criticado «la torpeza» de Fernández Díaz durante la gestión de un caso con el que, con todo, están de acuerdo en el fondo. Ahora bien, consideran que el ministro del Interior debería haber rehuido cualquier tipo de protagonismo ante la opinión pública y «dejar hacer» a la Justicia.
«Esteban es quien mejor lo ha definido. Nos duelen las tripas, pero la ley es la ley», resumían así las mismas fuentes el sentir general parafraseando las valoraciones del vicesecretario del PP Esteban González Pons, quien declaró que «comprendemos el sentimiento de las víctimas y el sentimiento de la inmensa mayoría de los ciudadanos. Esta es una decisión que me revuelve las tripas. Me parece que es una decisión frustrante porque me gustaría que este señor viviera 300 años y los cumpliera en la cárcel».
Más allá de las declaraciones oficiales, importantes dirigentes del PP como su portavoz en el Parlamento Europeo, Jaime Mayor Oreja; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre; y, entre otros, los eurodiputados Alejo Vidal-Quadras, Carlos Iturgaiz y Teresa Jiménez Becerril, ya han expresado sus críticas públicas hacia este caso. «No tengo nada nuevo que decir. Me ratifico en todo lo que dije, más tras escuchar algunos argumentos», declaraba ayer por la tarde Mayor Oreja a este diario. El ex ministro del Interior, ayer en el extranjero, estará el lunes en el Comité Ejecutivo Nacional del PP que presidirá Rajoy -que hoy inaugura el curso político en Sotomayor- y al que, según las fuentes consultadas, también acudirá la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Asimismo, la importante oposición pasiva hacia el caso Bolinaga de destacadísimos miembros del Gobierno y del PP sobre la que ha dado cuenta este diario sigue recluida en su fuero interno (entienden que no pueden manifestar una crítica, ni en privado, por ser quienes deben dar sustento a la acción del Gobierno).
Sin embargo, se rebajan las expectativas en torno a un posible debate interno sobre el asunto durante la reunión del lunes, ya que otras fuentes del PP reseñan que «parece difícil que salga el tema», porque muy probablemente «se hablará de la situación actual en el Gobierno, las elecciones vascas y gallegas y el próximo cuatrimestre. No sería raro que tomaran la palabra Basagoiti y Feijóo», aventuraron.
El lunes pasado tampoco se abordó el caso durante el Comité de Dirección que presidió María Dolores de Cospedal, y que, entre otros, contó con la presencia de Mayor Oreja. Al margen de lo que decida y haga la Fiscalía, queda pendiente el más que probable gesto de ETA que descuentan tanto en el PNV como en el PP vasco ante los comicios. Y, cómo no, las inmediatas citas de los autodenominados verificadores del alto el fuego de ETA.
