El juez de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis de Castro, es uno de los tres únicos magistrados de ese tribunal que conservan servicio de escolta personal, tras la reducción en gastos de seguridad que Interior realizó en junio de 2012.
Castro -que el jueves concedió la libertad condicional al asesino y secuestrador Jesús María Uribetxeberría Bolinaga- se libró del ajuste al ser considerado un cargo sensible de la judicatura.
Sólo el presidente de la Audiencia, Ángel Juanes, y el presidente de la Sala Penal, Fernando Grande-Marlaska, mantienen un privilegio que el Gobierno retiró a todos los jueces y fiscales de ese tribunal, así como a los del Supremo y el Constitucional y a los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
En estos otros organismos, las excepciones al recorte fueron sus presidentes. Además, se redujo la escolta a todos los que hasta entonces la tenían reforzada.
El hecho de que el juez que decidió excarcelar al secuestrador de Ortega Lara sea uno de los pocos que aún conserva la protección supone un motivo sobreañadido de indignación para las víctimas del terrorismo, tremendamente contrariadas con este magistrado.
Para el presidente de Voces contra el Terrorismo (VCT), Francisco José Alcaraz, De Castro «parece que es un privilegiado»:
«Ve premiada su actitud de seguir el juego primero al Gobierno del PSOE y ahora al del PP. La situación da que pensar y la sensación que produce es que está recompensado».
También la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Ángeles Pedraza, cree que el juez de vigilancia penitenciaria goza de un trato que desmerece.
«Si se le retiró la escolta a todos los magistrados y fiscales, también se le debió retirar a él».
Sin embargo, Pedraza no cree que el hecho de que él conserve la escolta tenga «nada que ver» con su actuación profesional.
Tampoco ve relación en los hechos el presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero, quien recuerda que la polémica por una decisión de este juez «no es nada nuevo». Portero cree que la pelota está en el tejado del Gobierno, ya que De Castro «fue nombrado por Zapatero y aún no se le ha relevado, ahí sigue».
Reacciones
La catarata de reacciones contrarias a la excarcelación de Bolinaga decretada por este juez continuó a lo largo de todo el 31 de agosto de 2012.
Así, el portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José María Benito, aseguró a EFE que la «decisión desafortunada» demostró que «PP y PSOE son lo mismo en materia antiterrorista y hacen lo mismo».
La Asociación de Militares Españoles, por su parte, dejó patente «su más profundo y firme rechazo a la decisión adoptada por el juez Castro, así como su más amargo dolor, sorpresa e indignación» ante la noticia de la excarcelación del etarra.
«La acción realizada no puede tomarse sino como un inadmisible desprecio hacia el inútil sacrificio de los militares de los Ejércitos y la Guardia Civil que han dado su vida y padecido la peor de las muertes -el asesinato sin posibilidad de defensa- por España».
La Asociación Pro Guardia Civil considera:
«Bolinaga debería seguir en prisión, recibir todos los cuidados médicos que su enfermedad demande (…) y tan sólo los últimos días de vida podría ser trasladado, en arresto domiciliario, allí donde esté su familia. Aunque el lugar más justo y digno donde Bolinaga debería fallecer es la cárcel; allí es donde están los que piensan como él, los que asesinaron y torturaron como él».
NOTA:- leer artículo original en ‘La Gaceta’
