Instituciones Penitenciarias concedió el tercer grado al etarra basándose en un informe médico incompleto, que ni siquiera incluyó el nombre de los médicos que lo realizaron ni su número de colegiados
El juez de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis de Castro, intentó mantener en secreto el viaje que realizó a San Sebastián el martes para visitar al secuestrador de Ortega Lara, Jesús María Uribetxeberría Bolinaga, terrorista al que dos días después concedió la libertad condicional.
De Castro se saltó el trámite preceptivo de informar al fiscal -que el día anterior se había manifestado en contra de excarcelar a Bolinaga- de esta diligencia final que a la postre fue clave para su decisión.
Fuentes conocedoras del caso apuntan a La Gaceta que el juez sólo dio debida cuenta de su actuación cuando fue descubierto por la Prensa. Al regresar a Madrid, De Castro llevó a cabo el trámite que debió haber efectuado 48 horas antes e informó al Ministerio Público de su entrevista con el etarra y con los servicios médicos del hospital Donostia, donde permanece ingresado.
Esta irregularidad formal ha levantado suspicacias en partes implicadas directa e indirectamente en el procedimiento, ya que no es la primera que se produce. Instituciones Penitenciarias concedió el tercer grado al etarra basándose en un informe médico incompleto, que ni siquiera incluyó el nombre de los médicos que lo realizaron ni su número de colegiados.
Además, le faltaban los antecedentes y el historial clínico del paciente, tal y como posteriormente denunció la Fiscalía. Nada de eso supuso un obstáculo para el Ministerio del Interior, que dio por buenas las conclusiones de ese estudio para clasificar en tercer grado a Bolinaga y solicitar al juez la concesión de la libertad condicional.
Después, llegó el informe de la forense de la Audiencia Nacional, que consideró que el secuestrador de Ortega Lara podía ser tratado en la cárcel y que su estado no era terminal. Basándose en todo esto, la Fiscalía desaconsejó a De Castro excarcelar al recluso.
El propio juez reconoce en su auto del jueves que existen «contradicciones» en los informes médicos, aunque él encuentra un punto en común: todos reconocen el carácter irreversible de la enfermedad de Bolinaga. Con ese argumento, el magistrado halló la fórmula para satisfacer la petición del Gobierno y excarcelar al etarra.
Ahora la Fiscalía tiene de plazo hasta el jueves para recurrir la decisión de De Castro ante la sección primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia. Las fuentes citadas anteriormente están convencidas de que el Ministerio Público ejercerá ese derecho y apuntan a que el intento de ocultación del viaje puede ser una de las claves del recurso.
Esa irregularidad es el último eslabón de una cadena de hechos sospechosos en un caso que ha enfrentado a las víctimas del terrorismo con el Gobierno del PP.
Desde que Interior decidiera trasladar a Bolinaga de León al País Vasco para ser tratado de su cáncer -lo que implicó que el informe hospitalario lo redactaran los médicos donostiarras y no los leoneses- todo en este asunto han sido actuaciones y decisiones impregnadas de polémica.
«Al 99% de posibilidades, el fiscal recurrirá», señalan a este diario esas fuentes, que también consideran que el Ministerio Público no agotará el plazo para actuar y presentará su escrito antes del jueves.
Cuando lo haga, la decisión final sobre el futuro del secuestrador de Ortega Lara y asesino de tres guardias civiles será competencia de la Sala de lo Penal, que preside Fernando Grande-Marlaska.
