El El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha decretado el 29 de noviembre de 2012 la puesta en libertad de 12 presuntos dirigentes de la red china de blanqueo de capitales desarticulada en octubre pasado con la ‘operación Emperador’, entre los que se encuentran su supuesto cabecilla, Gao Ping, informaron fuentes jurídicas.
Con la intención de evitar un posible riesgo de fuga, el juez instructor ha acordado la retirada del pasaporte a los detenidos, la prohibición de que salgan del territorio nacional y la obligación de que realicen comparecencias diarias en la Audiencia Nacional. La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a las libertades aunque ha apoyado las medidas cautelares en caso de que se decretaran.
La salida de la cárcel de la cúpula de la trama Emperador, que se producirá en las próximas horas, llega después de que sus defensas solicitaran la medida en aplicación del auto dictado el pasado jueves por la Sección Tercera de la Sala de lo Penal en el que se acordó la excarcelación del contable de la red, Kai Yang, por haberse sobrepasado ilegalmente el plazo de detención de 72 horas.
Además de Gao Ping, el juez ha ordenado la excarcelación de su esposa, Yang Lizhen; el presunto líder de la trama de extorsión, Li Haibo; Ying Quiaoya, Dinghua Ying, Ramón Antonio Aponte Alexander, Jingjie Ying, Augusto Edwin Su Hesmhant, Jianwei Pang, Xiaoshuang Zhu, Qibao Guo y Qiufen Wang.
Estas doce libertades se suman a las que este tribunal ha concedido tanto a Yang como a otros tres arrestados que alegaron en sus recursos que el juez instructor prorrogó ilegalmente su detención. Se trata de Wei Lin, lugarteniente de Gao Ping; Yongping Xia y Lingzhi Hu Zoutfq.
EL JUEZ ACATA PERO NO COMPARTE
En sus resoluciones, el juez Andreu manifiesta su intención de «acatar» el «superior criterio» de la Sección Tercera aunque asegura estar «en contra» del mismo porque, a su juicio, el auto del 15 de octubre en el que se acordaron las detenciones puso a los arrestados a disposición de la policía judicial, que en este contextó realizó 124 diligencias de entrada y registro en domicilios, sedes de empresas sociales y locales. En este plazo, además, la policía judicial dejó en libertad a algunos detenidos.
Con el auto del 18 de octubre de 2012 el instructor ordenó la puesta a disposición judicial de los detenidos, que fueron enviados a prisión los días 19 y 20. Según su criterio, desde ese momento cesaron todas las diligencias policiales, por lo que la doctrina del Tribunal Constitucional por el que se declararon nulos los autos de prisión «no debería afectar al presente supuesto».
La Fiscalía Anticorrupción, que presentó cuatro recursos de nulidad contra los autos de excarcelación y uno de súplica, rechazó también la puesta en libertad de los detenidos argumentando que «la posible vulneración de un derecho fundamental no supone, por sí sola, la nulidad de cuantas resoluciones se hayan dictado después de tal vulneración».
En el marco de esta operación, el juez Andreu ordenó la detención de un total de 107 personas. Los presuntos cabecillas de la trama están imputados por los delitos de pertenencia a organización criminal, contrabando, delitos contra la Hacienda pública y blanqueo de capitales, entre otros.
