Lo único que se espera es que cada uno se ratifique en sus posiciones
La Fiscalía Anticorrupción ha arrancado en la mañana de este 6 de febrero de 2013 el interrogatorio a los principales implicados en la supuesta contabilidad secreta del PP.
El primero en declarar ante los fiscales del caso es el exdiputado popular Jorge Trías Sagnier, que afirmó, en un artículo y una entrevista en ‘El País’, que existen sobresueldos opacos a los dirigentes populares y qué el vio en su día parte d elas cuentas.
Sobre el ex diputado pesa la sería sopspecha de ser el ‘filtrados‘ de los papales manuscritos en los que, con fechas que van de 1990 y 2008, aparecen anotadas cifras y nombres y cuya letra parece la de Luis Barcenas.
Trías, que fue abogado de Bárcenas, trabajó con él e intentó sin éxito cobrar una minuta de casi 50.000 euros al PP, no ha hecho declaraciones, pese a ser abordado por los más de 50 periodistas que esperabann a las puertas de la sede de la fiscalía en Madrid.
Esta mañana está prevista también la declaración del extesorero del PP Luis Bárcenas, el supuesto autor del manuscrito, cuya grafía han autentificado varios expertos y que él niega.
La fiscalía tiene prevista la citación del antecesor de Bárcenas, Álvaro Lapuerta, de 85 años, el histórico responsable de las finanzas del PP. Lapuerta ha negado los pagos a la cúpula popular.
Todos esos testimonios, junto con el libro contable de Bárcenas, serán cruzados con dos bases de datos oficiales: los datos dados por el PP a Hacienda y al Tribunal de Cuentas desde 2000 y hasta de años anteriores. La investigación busca fijar si puede abrir una causa antes de Semana Santa.
La fiscalía ya prevé que tanto Trías como Bárcenas y Lapuerta se ratifiquen en sus posiciones.
El primero, para confirmar que conoció esos papeles de Bárcenas con los ingresos y pagos. Y los dos segundos, para negarlo.
Por eso, la fiscalía realiza ya preparativos, tras recibir la autorización de la Fiscalía General del Estado, para citar y tomar declaración a la quincena de empresarios que figuran en los apuntes contables manuscritos atribuidos a Bárcenas -aunque muchos de ellos han negado los hechos y tres (Alfonso García Pozuelo, Pablo Crespo y Sedesa) están ya imputados en distintas ramas del caso Gürtel-.
En el ‘listado de Bárcenas‘, que el niega sea suyo y que esté hecho con su letra, se detallan donativos superiores a cinco millones de euros entre los años 1990 y 2008. Fuentes policiales han revelado a Periodista Digital que muchos datos pueden ser verdaderos, pero no se descarta que todo haya sido ‘cocinado’. Apuntan, como hipótesis, a que el montaje haya sido «teledirigido desde Cataluña».
Las empresas mencionadas han negado esos ingresos. La fiscalía se prepara para dar ese paso tras reclamar toda la documentación solicitada ya a la Agencia Tributaria, dependiente del Ministerio de Hacienda, y al Tribunal de Cuentas sobre la contabilidad del PP.
Tras conocer las últimas informaciones sobre los papeles de Bárcenas publicadas en ‘El País’, el objetivo de la fiscalía es abrir una causa específica en la Audiencia Nacional, distinta a la existente sobre la presunta financiación del PP que ya se sigue desde hace años en Gürtel.
Sobre todo para agilizar los trámites. La meta sería resolver todas las pesquisas previas antes de esta próxima Semana Santa, para determinar si se abre o se archiva esa causa.
Pero, por ahora, en las diligencias informativas abiertas por la Fiscalía Anticorrupción el 24 de enero, el planteamiento es más simple: existe un listado de empresarios que figuran en los manuscritos de Bárcenas y que aportan sumas que nunca podrían ser declaradas oficialmente porque, en su mayoría, superaban el tope que un donante podía permitirse y, por otro lado, no podían realizar tales entregas, ya que tenían contratos públicos con la Administración, y la ley de financiación de partidos prohíbe ese supuesto.
La presunta conducta ilegal en la que se quiere concentrar la fiscalía con estas pesquisas es en si hubo donaciones de las empresas a cambio de contratos públicos, porque abriría otro abanico penal: con presuntos delitos de cohecho, prevaricación y malversación y tráfico de influencias.
Aunque la investigación, impulsada por el fiscal del Estado, Eduardo Torres Dulce, y el fiscal jefe Anticorrupción, Antonio Salinas, también aprovechará para constatar si hubo vulneración de la ley de partidos o un supuesto delito fiscal por pagos en B, presumiblemente ya prescrito.
