Desde Ferraz se han orquestado campañas contra los jueces cada vez que estos han investigado comportamientos ilícitos de dirigentes o cargos de este partido
«Hay una relación fuerte personal entre la jueza y el actual alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido». Hace ya año y medio que Alfonso Guerra lanzó esta acusación de falta de imparcialidad contra Mercedes Alaya -magistrada que investiga el escándalo de los ERE fraudulentos en Andalucía-, insinuando que tenía o tuvo un affaire con el líder del PP en la región.
El de Guerra -ex número dos del PSOE y ex vicepresidente del Gobierno- fue el mayor intento de desprestigiar a la juez que ha puesto contra las cuerdas al socialismo andaluz, pero no el único.
Desde las filas socialistas se han sucedido los ataques contra la instructora. Gaspar Zarrías, uno de los salpicados por el caso y actual miembro de la dirección del PSOE, denunció el año pasado la «sintonía pintoresca» que percibía entre la actuación de Alaya y la del PP, así como los «errores más allá del bulto» en los que, a su entender, incurre la juez. Estas invectivas de los socialistas hace mucho que dejaron de hacerse solo en ámbito privado -donde siguen siendo durísimas- y, cada vez más, tienen lugar ante los micrófonos.
La propia vicesecretaria generral del PSOE, Elena Valenciano, calificó en su momento de «rara» la decisión de Alaya de mandar a prisión al ex consejero Antonio Fernández, además de ironizar con que a los populares andaluces, tras relevar a Javier Arenas, sólo les quedaban «el juez de Sevilla» -en referencia a Zoido- y «alguna jueza» -en clara alusión a la magistrada de los ERE-.
Manuel Chaves, otro de los señalados en la trama, consideró que las decisiones de Alaya tenían la intención de influir en las elecciones generales de 2011. «La señora jueza está en plena campaña electoral», aseguró cuando algunos imputados fueron citados a declarar días antes de los comicios. Sin embargo, Chaves ha preferido no valorar las últimas consecuencias del escándalo, lejanas a cualquier contienda electoral, afirmando que ya había dicho «todo lo que tenía que decir».
Uno de los más beligerantes fue el diputado Pedro Sánchez, fiel apoyo de Rubalcaba. En abril del año pasado, declaró en el programa de Intereconomía TV El Gato al Agua que «los jueces son susceptibles de crítica» y señaló que no creía en las «casualidades», en referencia a las mencionadas citaciones hechas por Alaya en la campaña electoral.
Audiencia Nacional
La campaña del PSOE contra los jueces que no le agradan ha tenido otro reflejo en las últimas semanas, al apoyar a Gómez Bermúdez en la particular cruzada que este emprendió contra su compañero Pablo Ruz para quedarse con la investigación de los papeles atribuidos a Luis Bárcenas. Los socialistas no dudaron en llevar el conflicto -finalmente resuelto a favor de Ruz por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional- al Congreso de los Diputados.
En la sesión de control al Gobierno del 20 de marzo, el diputado Álex Sáez -uno de los portavoces de Justicia de su Grupo- se dirigió al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, para inquerirle por este tema.
«Nos preocupan las actuaciones de la Fiscalía Anticorrupción sobre la supuesta contabilidad secreta del PP, actuaciones que entorpecen el proceso de investigación y buscan apartar del caso a Javier Gómez Bermúdez», aseveró el parlamentario del PSOE, obviando que la misma causa no puede ser llevada por dos magistrados y que el juzgado de Ruz lleva años encargándose de Gürtel.
Gallardón recibió la interpelación con perplejidad y recordó a Sáez que «está fuera de todo sentido» llevar a la Cámara Baja conflictos de competencias que afectan al poder judicial. «Si hay algo que arroja una sombra de sospecha es que el PSOE tenga un interés preferente de un juez sobre otro», le espetó.
Pero estos dos casos son sólo los últimos de una larga tradición del socialismo español. Desde Ferraz se han orquestado campañas contra los jueces cada vez que estos han investigado comportamientos ilícitos de dirigentes o cargos de este partido.
Así ocurrió, por ejemplo, con los magistrados Barbero -instructor de Filesa-, Gómez de Liaño -quien llevó el caso Lasa y Zabala- o con el mismísimo Baltasar Garzón, jurista de cabecera de la izquierda. El felipismo la emprendió contra él cuando, en los años 90, impulsó la investigación del secuestro de Segundo Marey por los GAL.
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