El Consejo del Poder Judicial intentó incapacitarle en 2008, pero no prosperó, y ha sido sancionado en otras tres ocasiones, pero el Supremo anuló dos
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Elpidio José Silva Pacheco, el juez que ha enviado a la cárcel al primer banquero por los abusos de la crisis y que ha pedido el ingreso en prisión del periodista Alfonso Rojo, por una noticia que se publicó en Periodista Digital en 2008, se enfrenta a su posible expulsión de la carrera judicial.
Lo revela Elsa García de Blas en el diario ‘El País’ este 21 de mayo de 2013 y reproducimos su crónica por su evidente interés general.
El Consejo General del Poder Judicial abrió el pasado mes de abril un expediente disciplinario contra el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid por dos faltas muy graves y una muy grave.
Las faltas muy graves, de ser confirmadas, conllevan la suspensión, el traslado forzoso o la separación de la carrera.
La Comisión Disciplinaria del órgano de Gobierno de los jueces abrió el expediente contra Silva Pacheco por su retraso injustificado en la tramitación de los procedimientos y por falta de motivación de sus resoluciones (lo que constituyen motivos de falta muy grave) y por desconsideración hacia los funcionarios de su Juzgado (que se encuadra en falta grave).
Ninguno de los apercibimientos están relacionados con la causa que instruye Silva Pacheco que investiga la adquisición del City National Bank de Florida por Caja Madrid, operación por la que el juez envió a prisión el pasado 17 de mayo a Miguel Blesa, expresidente de la entidad, que quedó en libertad tras pagar la fianza de 2,5 millones de euros.
La instrucción del expediente disciplinario contra el juez ha correspondido a un magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que en el plazo de seis meses tendrá que presentar una propuesta de sanción a la Comisión Disciplinaria del Consejo. La decisión que tome la comisión es recurrible al pleno del Consejo del Poder Judicial y ante la sala tercera del Tribunal Supremo.
Silva Pacheco está siendo investigado también por la Fiscalía de Madrid. El Ministerio Público abrió hace un par de meses diligencias a raíz de una denuncia sobre su «comportamiento personal» con los trabajadores del Juzgado y con las personas que acuden al mismo, según la agencia Efe.
El historial del juez incluye además otras sanciones disciplinarias e incluso un intento del Consejo del Poder Judicial de jubilarle por incapacidad.
El órgano de gobierno de los jueces trató de incapacitarle en 2008 porque entendía que no estaba capacitado para seguir ejerciendo la función judicial, según fuentes del Consejo. El expediente, sin embargo, no prosperó.
El magistrado es uno de los más conflictivos de toda la carrera judicial, admiten fuentes del órgano de gobierno de los jueces. En junio de 1994 el Consejo le sancionó con tres meses de suspensión por desatención de su órgano jurisdiccional, que entonces era el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de San Roque (Cádiz).
El juez recurrió la sanción al Tribunal Supremo, pero este falló en su contra y confirmó el apercibimiento.
En abril de 2009 le fue impuesta una sanción de 6.000 euros de multa por falta grave, por «incumplimiento o desatención reiterada a los requerimientos que en el ejercicio de sus legítimas competencias realizasen el Consejo General del Poder Judicial, el Presidente del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia o Salas de Gobierno, o la obstaculización de sus funciones inspectoras».
Silva Pacheco recurrió de nuevo al Supremo, y en esa ocasión el tribunal sí estimó su recurso, dejando sin efecto la sanción. En febrero de 2010 volvió a ser sancionado por la misma falta grave, pero el Supremo la dejó otra vez sin efecto, aunque por un motivo distinto: había caducado. Las faltas graves prescriben al transcurso de un año, según la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Silva Pacheco es además un atípico juez desahuciado. En 2009 fue condenado por una colega a pagar 7.115 euros por las rentas que debía —más intereses y costas procesales— a la inmobiliaria familiar que le alquilaba el piso.
El proceso, de desahucio por falta de pago, terminó con el juez desalojado de su casa y declarado en rebeldía.
