En el descarrilamiento murieron 79 personas y 150 resultaron heridas
El titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de Santiago, Luis Aláez, que lleva el caso del fatal accidente de circulación del 24 julio 2013, ha acordado recibir declaración de la persona o personas de Adif responsables de la seguridad en la circulación en el tramo entre Ourense y Santiago, en calidad de imputado.
Adif considera que la decisión del juez «no es algo que se salga de lo excepcional y entra dentro de lo habitual».
Fuentes del gestor de la red ferroviaria han indicado a Europa Press su disposición a «acatar las decisiones judiciales y colaborar con el juez» que investiga el accidente.
Asimismo, han subrayado que el hecho de que el juez haya acordado tomar declaración a los responsables en calidad de imputados «no es sinónimo de acusados».
El juez sostiene que ante la «ausencia de las más elementales medidas de cuidado, la conducta censurada puede incluirse provisoriamente en las infracciones penales graves, es decir, en el ámbito del delito y no de la falta».
En un auto, el juez instructor explica que para esta diligencia se señalará fecha una vez que Adif «informe sobre la identidad de tales personas» que se requieren.
De hecho, pide un informe de quienes integran el órgano responsable en materia de seguridad en la circulación «con indicación de las capacidades o facultades de cada una de las ellas en la toma de decisiones»; así como los protocolos donde se recogen los procesos relacionados con la seguridad en la circulación no contemplados en los demás documentos reglamentarios.
Alaéz expone que «es evidente que las características de la vía en el lugar donde se produjo el descarrilamiento», a la entrada a la estación de Santiago y en la curva de A Grandeira, «son sumamente comprometidas para la circulación de los trenes».
