Benavides y Malospelos en Las Cortes

Las tres consecuencias de la imputación de Cháves y Griñán

El PSOE debe replantear su estrategia y su discurso ante la corrupción

La noticia nació en Sevilla y se conoció a media mañana. La Juez Alaya, que se encarga de instruir la causa sobre los ERE andaluces, buscó una hache, echó mano de las letras que forman su apellido y se decidió:

– ¡Hala!, ¡Ya!

Y comunicó el auto de esa misma fecha en relación con el Procedimiento 174/2011, conocido como el Caso de los fraudes en los ERES de Andalucía.

En unos momentos, la noticia, como tufo corrupto y fétido, se expandió por todos los sitios y corrió como reguero de pólvora:

– Han imputado a Griñán, a Chaves y a unos cuantos socialistas más por prevaricación y malversación de fondos públicos.

Mientras tanto, en la Hispalis Bética y ante la nueva presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, los nuevos consejeros andaluces, nombrados por ella, tomaban posesión de sus cargos. Unos, los socialistas, con el gesto preocupado. Otros, los coaligados de Izquierda Unida, recelosos; y sabedores de que su concurso posibilitaba la reposición de un gobierno lastrado por una corrupción que les va, más que a salpicar, a implicar de lleno.

Cuando la novedad andaluza llegó a Benavides y Malospelos, los leones que en la solanera madrileña hacían guardia en la puerta del Palacio de las Cortes, la preocupación ya inundaba la reunión del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados, suscitaba la controversia entre ellos, y era motivo de la atención de Soraya Sáenz de Santamaría, la vicepresidenta del Gobierno, que la usaba para censurar la postura de Rubalcaba y los socialistas frente a la corrupción, pidiéndoles altura de miras para luchar contra ella, porque:

La corrupción no puede ser me engancho a lo último del partido de enfrente y no hago otro debate. Porque, a mitad de la mañana se te ha caído el discurso.

Después vendría la lectura de los catorce folios del auto, el conocimiento de los razonamientos (impecables) de la magistrada para obrar como lo hacía, la valoración de algunos políticos destacados, y los silencios clamorosos (muy clamorosos y entre paréntesis) de otros.

Atrás quedaba la dimisión voluntaria de Griñán, anunciada en julio y hecha efectiva la última semana de agosto, para: preservar a la Junta de la erosión por los ERE falsos, atender una necesidad personal y familiar, y superar la necesidad de un cambio generacional y de visión en la política andaluza.

También existía su afirmación ahora contradicha por el auto de la jueza:

No hay ninguna figura delictiva de la que se me pueda imputar.

En la mente de algunos analistas empezaron a aflorar algunas ideas, como la que expuso el diputado Ximo Puig, en relación con la causa, incidiendo en la instrucción de la misma y fijándose en los tiempos.

Y es que habían sido tres días sólo. Los que van desde el sábado 7 de septiembre de 2013, en que tomó posesión la nueva presidenta, hasta el martes 10, en que fue imputado el expresidente. Sólo esos tres días existieron para que Griñán pudiera acceder a la condición de aforado, miembro del Senado español y, como tal, amparado por los privilegios ante la Justicia, que obliga a que los miembros de las cámaras legislativas nacionales únicamente puedan ser juzgados por el Tribunal Supremo previo suplicatorio concedido por la Cámara.

En el peor de los casos, algunos temieron o previeron, Griñán se había reservado el escaño de miembro del Parlamento Andaluz, en el Palacio de San Telmo, que le hacía acreedor de un puesto privilegiado ante la justicia (Tribunal Superior de Justicia de Andalucía) y que le colocaba lejos de la órbita de la juez Alaya. Él mismo lo había expresado ante los periodistas:

Mi escaño es mío ¿Por qué lo tengo que abandonar?

Sin embargo, la imputación, aunque sea entendida como «imputación provisional», según el término usado, a disgusto, por la juez en su auto, tiene algunos efectos importantes que merecen la pena reseñarse:

  1. El PSOE, que como partido ha tenido en Andalucía un comportamiento merecedor de una imputación como la presente, ha de replantearse su estrategia partidista respecto a la corrupción y, previsiblemente, habrá de abandonar el discurso político que usaba hasta ahora.
  2. Izquierda Unida, que hasta el momento ha amparado la continuidad de un gobierno andaluz merecedor de ser imputado, quizás deba replantearse la conveniencia, o inconveniencia, de servir de «lavador» y «contrapeso» de los lastres socialistas que se derivan del auto de l 10 de septiembre.
  3. La posible propuesta de un estatus senatorial para Griñán, en la situación de imputado que padece, debe merecer, además de un análisis detallado de la posición de quiénes le propongan y nominen, la consideración del Senado, del presidente y la Mesa del Senado y de todos aquellos que, por ley y sentido común, deben velar por la entidad y buen nombre de las Cámara.

Dicho lo anterior, no es ocioso apuntar que los ex presidentes Chaves y Griñán, como todos los imputados españoles, porque estamos en un Estado de Derecho y porque así lo establecen las leyes que hacen posible nuestra convivencia, en este momento son inocentes. Aunque imputados, son inocentes, hasta que no se demuestre lo contrario.

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Autor

Antonio Chinchetru

Licenciado en Periodismo y tiene la acreditación de suficiencia investigadora (actual DEA) en Sociología y Opinión Pública

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