Al alimón con la jueza Servini de Cubría, maniobra contra la soberanía judicial española

El ex juez Garzón, prevaricador en España y profeta en Argentina

La Chuchi debía su puesto a Menem y estaba en deuda con él, por eso se guardó las diligencias sobre aquel escándalo

El ex juez Garzón, prevaricador en España y profeta en Argentina
Baltasar Garzón. EP

Quedan amnistiados todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos y faltas realizados con anterioridad al día 15 de diciembre de 1976

María Romilda Servini de Cubría, alias ‘La Chuchi’, de 76 años de edad, jueza federal designada a dedo por el ex presidente argentino Carlos Menem, condenado a siete años de cárcel por contrabando de armas, y el ex juez prevaricador Baltasar Garzón, expulsado de la carrera judicial por sus propios compañeros de profesión, por ordenar la intervención ilegal de unos teléfonos, son los dos personajes que están arremetiendo contra la soberanía nacional española.

Y lo hacen ordenando la extradición y detención preventiva de cuatro ciudadanos españoles acusados de torturas, aunque esta singular pareja de juristas pretenden enmascarar sus extrañas maquinaciones valiéndose de un reciente informe elaborado por expertos de la ONU que se refiere a los desparecidos de la Guerra Civil española.

En las 204 páginas que componen el informe elaborada por la jueza federal argentina Servini de Cubría y que ha enviado a Interpol para proceder a la detención de cuatro funcionarios de la Policía y de la Guardia Civil, respectivamente, (dos de ellos ya están muertos) pueden leerse cosas tan descabelladas como las que a continuación se transcriben.

Refiriéndose a unas declaraciones efectuadas a una revista vasca por el etarra Andoni Arrizabalaga Basterrechea, fallecido de muerte natural, en la que narra su periplo por distintas cárceles del Estado, y en las que describe las torturas a las que, según él, fue sometido por miembros de los Cuerpos de Seguridad del Estado, se refiere así a una de sus etapas carcelarias:

«Que durante su primera estancia (1.969-1.972) en la prisión de Puerto de Santa María tuvieron que emplearse a fondo en la lucha contra el régimen represivo de la cárcel. Que los funcionarios no ocultaban en ningún momento el odio atroz que sentían hacia ellos. Que la mayoría eran guardias civiles retirados, miembros de la División Azul que colaboró con los nazis en la II Guerra Mundial, etc.».

En unas páginas más adelante de este mismo informe se recoge la denuncia presentada por Jon Ugutz, hermano del etarra Arrizabalaga, en la que como testigo de referencia describe las torturas a las que fue sometido su hermano.

Es entonces cuando se inventa un batiburrillo de nombres y policías que, según él, concurrieron todos juntos y en unión a martirizar a su hermano.

Policías y guardias civiles que ni se conocían entre ellos y que estaban destinados a muchos kilómetros de distancia los unos de los otros.

De tal guisa, que cita los nombres de los dos funcionarios ya fallecidos y que reclama en su escrito la respetable anciana Servini de Cubría, el de un capitán de la Guardia Civil apellidado Hidalgo, el del inspector Antonio González Pacheco, conocido como Billy el niño y de los comisarios Roberto Conesa y Melitón Manzanas, ambos fallecidos.

Ya estaba muerto

Curiosamente, cuando Jon, el hermano del etarra Arrizabalaga, menciona en su denuncia como autor de las torturas de su hermano al comisario Melitón Manzanas, ni él (Jon), ni Servini de Cubría, ni el ex juez prevaricador Baltasar Garzón se dan cuenta de que Andoni fue detenido por la Guardia Civil en Ondarroa el 18 de agosto de 1968.

Difícilmente pudo ser torturado en esas fechas por Melitón Manzanas toda vez que ya había sido asesinado por ETA 16 días antes de llevarse a cabo la detención del etarra, es decir, fue muerto a balazos al salir de su casa de Irún el dos de agosto de 1968.

Este mismo Jon asegura en su denuncia que cuando detuvieron a su hermano Andoni en Ondarroa fue a interesarse por su paradero y le dijeron que se encontraba en el cuartel de la Guardia Civil de Zarautz, que se acercó hasta allí donde fue recibido por un capitán joven que luego supo que se llamaba Jesús Muñecas, éste lo acompañó hasta el primer piso donde se encontraba detenido su hermano y que cuando lo vio:

 «Estaban claras y palpables las atrocidades que le habían hecho. Llevaba puesta la misma ropa del día en que le habían detenido; sucio lleno de arañazos y de restos de sangre».

«La cara hinchada, lleno de moratones, y los brazos igual. No daba imagen alguna de ser humano. Estaba irreconocible. Con una sonrisa cínica el capitán Jesús Muñecas añadió: Esto es lo que ocurre cuando no quieren colaborar».

En otra parte del informe de Servini, Jon insiste, «en 1976, torturó a mis hermanos José y Mikel».

José Luis Cervero de ‘La Gaceta’ ha hablado con el capitán Muñecas quien asegura que no es cierto lo que dice en su denuncia el hermano del etarra Arrizabalaga, que en esas fechas que dice él se encontraba haciendo un curso en Madrid y que ni siquiera era capitán. En cuanto a 1976, ni siquiera estaba destinado en País Vasco.

Después de la detención de Andoni Arrizabalaga en el cuartel de Zarautz en agosto de 1968, volvería a ser apresado en septiembre del año siguiente.

En esta ocasión fue sometido a un consejo de guerra y condenado a la pena de muerte que le sería conmutada por la de 30 años de Cárcel. Se le acusaba de haber participado en la colocación de un artefacto explosivo en un vehículo oficial de su pueblo Ondarroa.

La bomba explosionó pero no causó víctimas humanas, cuando fueron detenidos declararon que pusieron el artefacto como represalia de que ese vehículo de la Policía Municipal de Ondarroa lo utilizaba también la Guardia Civil.

Curiosamente, Arrizabalaga y los otros etarras detenidos junto a él y acusados de los mismos hechos se acogieron a los beneficios penitenciarios regulados por la Ley de Amnistía de 1977, que establece que «quedan amnistiados todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos y faltas realizados con anterioridad al día 15 de diciembre de 1976».

Y el artículo séptimo, en su tercer apartado añade que «los efectos y beneficios de la Amnistía» debían darse también en «la eliminación de los antecedentes penales y notas desfavorables en expedientes personales, aun cuando el sancionado hubiese fallecido», por lo que todos los etarras condenados por delitos de terrorismo fueron puestos en libertad.

Se da la circunstancia de que estos privilegios de los que se han beneficiado muchos pistoleros de ETA, no son aplicables, según la particular doctrina aplicada por el ex juez prevaricador Garzón, para los policías que ahora una jueza extranjera de avanzada edad quiere meter en la cárcel, invadiendo las competencias jurisdiccionales de la Justicia y de la soberanía española.

Es significativa esta particular forma de interpretar la ley del otrora juez duro y muy carcelario, y ahora redentor de injusticia, desfacedor de entuertos y defensor en contra de España de los intereses gibraltareños, donde se acumulan por miles las sociedades mercantiles que utilizan los narcotraficantes para blanquear el dinero que obtienen por la venta de su veneno.

Memoria Histórica

Esta actitud ya le fue reprochada al ex juez por otros brillantes magistrados del Tribunal Supremo en una sentencia que absolvió de prevaricación a Garzón en el caso conocido como el de la «Memoria Histórica».

En un derroche de conocimiento del Derecho y la jurisprudencia estos magistrados demuestran la imposibilidad de aplicar en España condenas por delitos ya prescritos y amnistiados, recordando en su sentencia que fue el propio Garzón el que esgrimió la famosa Ley de Amnistía cuando fue denunciado por supuestos delitos de genocidio, concretamente por la matanza de Paracuellos del Jarama, el ex líder comunista Santiago Carrillo.

En la sentencia referida los magistrados del Tribunal Supremo establecen al respecto:

 «Con anterioridad, el mismo magistrado querellado [Garzón], en fecha 16 de diciembre de 1998, en Diligencias Indeterminadas 70/98 tramitadas en su Juzgado, dictó auto en el que rechazó la admisión a trámite de una querella interpuesta por la Asociación de familiares y amigos de víctimas del genocidio de Paracuellos del Jarama contra D. Santiago Carrillo Solares, el Partido Socialista Obrero Español, el Partido Comunista, el Estado Español y la Comunidad Autónoma de Madrid».

«Argumentaba [Garzón], entre otras consideraciones, sobre la aplicación de los tipos penales objeto de la querella, de la aplicación del instituto de la prescripción y de la amnistía de 1977 a los hechos denunciados».

‘La Chuchi’ y la cuñada

No es una casualidad esta alianza surgida ahora públicamente entre la jueza federal argentina María Romilda Servini de Cubria, alias La Chuchi, y el ex juez Garzón.

Habría que remontarse a los años 90 que es cuando el entonces titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional entabla sus primeras relaciones con esta singular jueza próxima a cumplir los 76 años de edad.

Por aquel entonces, Garzón descubrió en España una organización criminal dedicada al narcotráfico y en la que presuntamente estaban implicados delincuentes cubanos, argentinos, miembros del cártel colombiano de Medellín, que lideraba el sanguinario Pablo Escobar y, lo que era peor, también aparecía involucrada Amira Yoma, cuñada del entonces presidente argentino Carlos Saúl Menem.

El periodista argentino de origen judío Román Lejtman, a través de su libro Narcogate, publicado en 1994, destapa las conexiones entre la familia de Menem, el cartel de Medellín, la jueza Servini y el juez Garzón.

Cuando los habitantes de la Casa Rosada (residencia del presidente argentino) se enteran de que una de los suyos está metida en coplas judiciales, inmediatamente Menem dicen que llamen a La Chuchi, apelativo cariñoso que le dan a la jueza Servini, a la que el propio presidente argentino eleva de categoría profesional nombrándola jueza federal a dedo.

La Chuchi se traslada a Madrid para hablar con Garzón y enterarse de qué va la cosa y cuántos más implicados vips hay en la trama.

Pero antes de viajar hasta España abre unas diligencias para evitar que en caso de que España pidiera la extradición de algún familiar de Menem pudieran decir que ellos, la justicia argentina, ya lo investigaba.

Tampoco Servini mandó las diligencias instruidas para que la Corte Federal argentina las repartiera entre los juzgados federales. Hizo como Garzón con el sumario del Caso Faisán, guardarlo en un cajón, y esperar a ver qué pasaba y qué favores podía obtener del PSOE, a los que ya había traicionado con el Caso Gal cuando no le quisieron nombrar ministro del Interior.

Por otra parte, Servini debía su puesto a Menem y estaba en deuda con él, por eso se guardó las diligencias sobre aquel escándalo, tenía que demostrar que ella es una mujer muy agradecida.

La admiración que La Chuchi debe sentir por el ex juez que no ha conseguido ser profeta en su tierra (España) se palpa con la lectura de los 204 folios del informe que ha enviado a la policía internacional ordenando detener a cuatro funcionarios españoles.

Su contexto recoge las elucubraciones que el ex juez plasmó en las diligencias que instruyó sobre las personas responsables de los crímenes del franquismo, y que sus superiores estimaron que él no era el competente para investigarlos.

Lo que ocurre es que en el informe que hace La Chuchi y manda a los tribunales internacionales no hay desaparecidos, sino denuncias de terroristas detenidos no probadas, y que en su momento fueron juzgados y condenados.

 

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