El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condena a España a pagar a la terroristas en concepto de indemnización 31.500 euros
La etarra Inés del Río Prada debe al Estado un total de 19 millones de euros en concepto de responsabilidad civil a las víctimas de sus atentados que la terrorista nunca pagó al declararse insolvente, han informado a Europa Press fuentes de la lucha antiterrorista.
Es por esta razón por la que Del Río, en libertad desde este martes, no recibirá ninguna cantidad económica de los 31.500 euros que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo condena a España a pagar a la terroristas en concepto de indemnización por los cinco años de más que ha permanecido en prisión y por las costas del proceso. Del Río Prada fue condenada a 3.828 años y un día de cárcel por el asesinato de 24 personas.
Así lo avanzó el ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón en la rueda de prensa inmediatamente posterior a conocerse la sentencia del TEDH: «no recibirá ninguna cantidad de dinero de las instituciones españolas».
ATENTADOS
Del Río Prada integró el ‘comando Madrid’ en la década de los ochenta, la más sangrienta de ETA, y participó en algunos de los atentados más cruentos de la banda como cuando hizo estallar un coche bomba en la plaza de República Argentina de Madrid al paso de un autobús ocupado por guardias civiles en 1985. Sin embargo, el único fallecido como consecuencia de la explosión fue el estadounidense Eugene Kenneth Brown, que practicaba deporte en las inmediaciones.
Otro de los atentados es el de la calle Juan Bravo de Madrid, en el que fallecieron cinco guardias civiles encargados de la vigilancia de las embajadas de Estados Unidos e Italia. Ya en junio de 1986, el coche en el que viajaba el comandante del Ejército de Tierra Ricardo Sáenz de Ynestrillas junto al teniente coronel Carlos Vesteiro y el soldado conductor Francisco Casillas fue ametrallado por dos miembros de ETA.
El último de los atentados en los que se le relaciona es el de la plaza de República Dominicana, cometido un año antes de su detención. El 14 de julio de 1986, el ‘comando Madrid’ estacionó una furgoneta bomba que hicieron estallar al paso de un convoy de vehículos de la Guardia Civil compuesto por un autobús, un minibús y un todoterreno. Como consecuencia de la explosión, fallecieron doce agentes de la Benemérita y otras setenta y ocho personas –entre transeúntes y guardias civiles– sufrieron heridas de diversa consideración.
