El magistrado Javier Gómez Bermúdez ha defendido en San Sebastián la doctrina Parot porque es «justa», aunque ha calificado de «impecable» la actuación de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que este viernes decidió la excarcelación de 15 presos en aplicación del fallo del TEDH.
Gómez Bermúdez, considerado uno de los «padres» de la doctrina Parot, ha participado hoy en un debate con Amaia Izko, la abogada de la etarra Inés del Río, en la clausura de los XV Encuentros Jurídico-Penitenciarios organizados por el Colegio de Abogados de Gipuzkoa junto a los consejos General y Vasco de la Abogacía.
El magistrado, uno de los primeros en aplicar el recuento de redenciones del modo que lo estableció posteriormente el Tribunal Supremo en la doctrina Parot, y la abogada de la reclusa que llevó dicha aplicación hasta Estrasburgo y logró su «finiquito», han discutido desde puntos de vista totalmente antagónicos, pero en un tono respetuoso y distendido, sobre el desarrollo y la legalidad de esta medida, derogada ahora por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Aplicación inmediata
Pese a defender en todo momento la doctrina, Gómez Bermúdez ha abogado por aplicar de manera «inmediata» la sentencia de Estrasburgo, por lo que ha avalado la decisión de la Audiencia Nacional de excarcelar a los afectados, pese a que después determinados sectores echen a los jueces de la Sala de lo Penal «a los leones».
Para Gómez Bermúdez, «lo de acatar y respetar las sentencias es una chorrada, hay que aplicarlas y punto», lo que a su juicio no arroja ninguna duda en el caso del fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
El magistrado ha argumentado que la doctrina Parot significó corregir una mala interpretación que históricamente los jueces habían hecho del código penal de 1973 a la hora de contabilizar los beneficios penitenciarios, por lo que, en su opinión, la «base fáctica» de la sentencia del TEDH es «falsa o errónea».
Ha sostenido que, en el caso de Inés del Río, no puede defenderse, como lo hace el tribunal europeo, que la reclusa había previsto un horizonte de puesta en libertad teniendo en cuenta la redención de la pena por el trabajo, ya que los presos de ETA no reconocían la legitimidad del Estado y no se acogían a beneficios penitenciarios.
Redenciones de penas
Este extremo ha sido negado por la abogada de la etarra, que ha asegurado que Del Río estaba dada de alta para trabajar en prisión y ha dicho que «los presos vascos» sí han solicitado acogerse a redenciones de penas, a lo que Gómez Bermúdez ha contestado irónicamente: «Los presos vascos que robaban sí».
En su intervención, el magistrado ha rebatido algunos de los argumentos expuestos anteriormente por Amaia Izko, como el impulso político de la aplicación de la doctrina Parot:
«Cuando yo era presidente de la sala de lo penal, que fue cuando todo esto se fraguó, a mí no se atrevía a llamarme ningún político. Qué me llegaran las campanas de los políticos por uno y por otro lado, eso es otra historia».
También ha rechazado la expresión «preso político» utilizada por la letrada, que el magistrado ha calificado de «disparate conceptual», ya que, aunque el terrorismo es un fenómeno de «violencia política» los delitos cometidos no lo son.
Por su parte, Amaia Izko, quien además de ser la abogada de Inés del Río desempeña el cargo de portavoz de Sortu, ha denunciado que la aplicación de la doctrina Parot partió de una decisión política a la que unos tribunales «permeables» dieron «maquillaje político».
En su opinión, se trata de uno de los «puntos más negros de la práctica judicial en España en los últimos años» y se diseñó para «presionar» a los presos de ETA y su entorno con el fin de que «fueran en determinada dirección», aunque ahora el TEDH la ha «finiquitado totalmente».
Izko ha destacado que la sentencia del tribunal de Luxemburgo «ha dicho de manera clara que la aplicación retroactiva que esencialmente conlleva la doctrina Parot vulneraba la legalidad penal y el derecho a la libertad».
A su juicio, este recuento de las redenciones con el objetivo de «alargar artificialmente las penas» constituía una «reedición adaptable al siglo XXI de la Ley del Talión».
Una vez finalizado el debate, los participantes en los encuentros han sido recibidos en la Diputación de Gipuzkoa por el máximo mandatario del territorio, Martín Garitano (Bildu).
