El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz considera que si el Gobierno de Felipe González hubiera reformado el Código Penal, se hubieran evitado excarcelaciones de condenados a los que se les aplicó la doctrina Parot.
En una entrevista en La Razón, este 1 de diciembre de 2013, Fernández Díaz asegura que el PP, desde la oposición, pidió esta reforma legislativa del Código Penal, «pero el PSOE se negó» y los cambios se hicieron a través de la doctrina del Tribunal Supremo, que es la que ha anulado el Tribunal de Estrasburgo.
Fundamentalmente, que se tardó 22 años en aprobar el Código Penal de la democracia frente al Código Penal de 1973, que contemplaba la redención de pena por trabajo y, por la cual, por cada dos días de trabajo, tenías uno de redención de pena. Una vez aprobada la Constitución, que abolió la cadena perpetua y la pena de muerte, el máximo de condena según el Código Penal del 73 era de 20 años, con independencia de que hubieras cometido uno o múltiples asesinatos. Eso se sabía y lo normal era que los gobiernos que hubo hasta el 95, cuando se reformó por fin el Código Penal para corregir esta injusticia, lo hubieran arreglado antes.
El ministro reconoce que siente «rabia, indignación y dolor» cuando ve que a los terroristas excarcelados se les «recibe como héroes y se humilla aún más las víctimas».
Respecto a los violadores y asesinos excarcelados, Fernández Díaz explica que se están adoptando «todas las medidas» posibles para garantizar la seguridad, aunque reconoce que «faltaría a la verdad si dijese» que se puede hacer al cien por cien.
Una ley que «preocupe» a los violentos
Sobre la Ley de Seguridad Ciudadana, el ministro señala que «sólo debe asustar y preocupar a los violentos y a los que hacen del incumplimiento de la ley su norma».
En España, el derecho fundamental de reunión y manifestación se ejerce de manera absolutamente continuada. Es uno de los países donde se ejerce con mayor normalidad y frecuencia, hasta el punto de que raro es el día en que no se producen manifestaciones. En la inmensa mayoría de supuestos, ese derecho se ha ejercido sin problemas, se ha cumplido la Ley y no ha habido violencia. Pero hay grupos claramente radicales, antisistema, que se introducen en esas manifestaciones y que a los primeros que dañan es a los propios convocantes o manifestantes; que provocan altercados y daños a la convivencia, que hacen daño al mobiliario urbano, que generan violencia urbana… Todas esas conductas, en la medida en que no sean constitutivas de delito, van a tener con esta ley un claro toque de atención en términos de sanción administrativa.
NOTA.- Pinchar para leer la entrevista completa en ‘La Razón’.
