Pedro Horrach solicitaría a la Infanta que responda como responsable civil a título lucrativo en el marco de esta causa judicial y abone unos 600.000 euros
El fiscal Anticorrupción Pedro Horrach reclamará que no se acuse a la hija del Rey si entonces aún consta su nombre en el auto final del instructor, José Castro.
Tiene previsto pedir hasta 17 años de cárcel para el duque de Palma y hasta 15 para su exsocio Diego Torres, por malversación, falsedad y delitos fiscales. E
l cuñado de Torres y asesor fiscal, Miguel Tejeiro, que diseñó las sociedades pantallas y el método tributario de los duques de Palma cargará también con una petición de pena de 17 años de cárcel..
El marido de la Infanta Doña Cristina debería responder, según avanza Efe, por los presuntos delitos de malversación, prevaricación, falsedad doumental, fraude a la Administración y dos delitos fiscales.
Una pena mínima global de diez años de cárcel se solicitaría en el caso de que el escrito de Horrach contemplase los tipos más reducidos por cada uno de los seis delitos citados.
Si se optase por los tipos más amplios en todos los casos, la petición podría alcanzar los 19 años de prisión. En principio, también serían solicitadas penas de cárcel por los mismos supuestos delitos para el exsocio de Urdangarín, Diego Torres.
En el citado escrito de acusación, el fiscal solicitaría a la Infanta que responda como responsable civil a título lucrativo en el marco de esta causa judicial y abone unos 600.000 euros, que sería la mitad del dinero que Aizoon recibió del Instituto Nóos. Tras la declaración del pasado sábado en los Juzgados centrales de Palma, este caso entra ya en su recta final.
Cabe recordar que el Ministerio Público se ha opuesto siempre a la imputación de Doña Cristina por un presunto delito fiscal y otro de blanqueo, en contra del criterio del instructor, José Castro.
Anticorrupción continúa manteniendo esta posición, pero considera que, en cambio, la hija menor del Rey sí podría ser responsable civil sin haber delinquido. Cabe recordar que la titularidad de Aizoon correspondía, a partes iguales, a los Duques de Palma.
En este sentido, el artículo 122 del Código Penal señala que «el que por título lucrativo hubiere participado de los efectos de un delito o falta, está obligado a la restitución de la cosa o al resarcimiento del daño hasta la cuantía de su participación».
Los responsables civiles pueden evitar ir a juicio si pagan el dinero estipulado por la acusación antes de la celebración de la vista.
