La lista podría ser mucho más larga y, sin duda alguna, continuará creciendo
El análisis es de Carmelo Jorda. Aparece este 15 de febrero de 2014 en ‘Libertad Digital’ y arranca afirmando que, probablemente, la democracia española nunca ha tenido una justicia tan politizada.
Es difícil decir si se trata de un temprano fruto de la infame reforma puesta en marcha por Gallardón, que ha entregado el control completo de los máximos órganos judiciales del Estado, si es que no lo estaba lo suficiente, a los partidos políticos.
Pero sea culpa de la última vuelta de tuerca al control político de la judicatura, sea parte de un proceso mucho anterior, lo cierto es que en los últimos meses la catarata de decisiones judiciales cuanto menos sorprendentes y en algunos casos incomprensibles -o quizá demasiado comprensibles- ha alcanzado un grado más que preocupante.
Como subraya Carmelo Jordá, el mal no es de ahora. Remontándonos a 1983 tenemos ya la polémica sentencia del Tribunal Constitucional sobre la expropiación de Rumasa y no hace tanto, tropelías como la legalización de Bildu o el apaño sobre el Estatuto de Cataluña.
Sin embargo, en las últimas semanas o meses parece haberse precipitado una catarata de decisiones que, además, se han extendido a otras instancias y que no pueden por menos que preocupar a un sector importante de la ciudadanía:
- La urgencia en la excarcelación de etarras afectados por la doctrina Parot.
- La externalización de varios hospitales en Madrid.
- Calificar de «mecanismo de participación democrática» el escache al domicilio de la vicepresidanta del Gobierno.
- La ponencia presentada por la magistrada del Tribunal Constitucional, Adela Usúa, sobre la declaración separatista del Parlamento de Cataluña.
- Varias decenas de jueces catalanes firman un manifiesto para justificar la constitucionalidad de dividir España.
La lista podría ser mucho más larga y, sin duda alguna, continuará creciendo
