Uno de los puntos más polémicos de la ley era el referido a las sanciones a las manifestaciones frente a instituciones como el Congreso o el Senado
El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes, 11 de julio de 2014, el proyecto de ley de Seguridad Ciudadana, una de las leyes más criticadas por la oposición, que ahora inicia su debate parlamentario.
En el texto que se ha remitido a las Cortes, el Gobierno ha incluido las observaciones «esenciales» que han realizado los órganos consultivos, así como distintas organizaciones internacionales.
Entre las novedades, destaca la nueva regulación de las manifestaciones no comunicadas o prohibidas en «infraestructuras esenciales».
El Ministerio del Interior ha recordado que el objetivo de la norma es garantizar las mejores condiciones para la seguridad ciudadana, «con un absoluto respeto a la libertad y con total seguridad jurídica», por lo que el Gobierno ha asumido «todas las observaciones esenciales» que se han hecho por los distintos órganos consultivos, como el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado y la Federación Española de Municipios y Provincias.
Las modificaciones más llamativas respecto al borrador original se refieren a la entrada y registro de domicilios, la identificación de personas y los controles y cacheos en la vía pública.
El Gobierno ha defendido que la nueva ley pretende sancionar las acciones violentas, agresivas o coactivas que se produzcan con ocasión del derecho de manifestación, o que afecten a la seguridad ciudadana, como pueden ser manifestaciones no comunicadas o prohibidas en infraestructuras o instalaciones que prestan servicios básicos para la comunidad.
Serán infracciones muy graves las reuniones o manifestaciones no comunicadas o prohibidas en infraestructuras o instalaciones en las que se prestan servicios básicos para la comunidad o en sus inmediaciones, así como la intrusión en los recintos de éstas, incluyendo el sobrevuelo u obstrucción de su funcionamiento.
Se consideran infraestructuras esenciales las centrales nucleares, petroquímicas, refinerías y depósitos de combustible; los puertos, aeropuertos y demás infraestructuras de transportes; y los servicios de suministro y distribución de agua, gas y electricidad.
La ley no prohíbe manifestarse ante el Congreso o el Senado, siempre que se comunique debidamente a la Delegación del Gobierno (si no se comunican y se desarrollan de forma pacífica serán infracciones leves). Solo se sancionan como infracción grave las acciones violentas, es decir, las que perturben la seguridad ciudadana.
Con el proyecto de ley, se permite a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado proceder a la identificación de personas con carácter preventivo cuando se considere razonable para prevenir la comisión de un delito o para sancionar la comisión de una infracción. Por primera vez, una ley prohíbe identificaciones indiscriminadas.
Para los casos en los que no sea posible la identificación, la ley establece que los agentes podrán pedir que la persona en cuestión les acompañe a la comisaría más próxima, para proceder a esa identificación, durante un tiempo que en ningún caso podrá superar las seis horas.
La nueva ley, según el texto aprobado por el Gobierno, no sanciona la prostitución ni entra en el debate, pero sí quiere proteger la infancia y la seguridad vial.
Por eso, sanciona al cliente que solicite los servicios sexuales retribuidos en zonas de tránsito público, en las proximidades de lugares destinados a su uso por menores, como colegios, o cuando estas conductas puedan generar un riesgo para la seguridad vial.
INFRACCIONES GRAVES
Son 26 las infracciones graves, entre las que destacan:
- – Perturbar la seguridad ciudadana en actos públicos, espectáculos deportivos o culturales, solemnidades y oficios religiosos u otras reuniones a las que asistan numerosas personas, cuando no sean constitutivas de delito.
- – Perturbar la seguridad ciudadana durante reuniones o manifestaciones ante el Congreso, el Senado y las asambleas de las comunidades autónomas, aunque no estén reunidos los diputados o senadores en ellas.
- – Impedir a cualquier autoridad, empleado público o corporación oficial ejercer sus funciones, cumplir o ejecutar acuerdos o llevar a cabo resoluciones administrativas o judiciales, siempre que no sean delito.
- – Impedir u obstaculizar el funcionamiento de los servicios de emergencia provocando riesgo para la vida o integridad de las personas o de daños en los bienes, o agravando las consecuencias del suceso que motive la actuación de aquéllos.
- – Negarse a disolver reuniones y manifestaciones en lugares de tránsito público tras una orden de la autoridad competente.
- – Perturbar el desarrollo de una reunión o manifestación lícita.
- – El ofrecimiento, la solicitud, la negociación y la aceptación de los servicios de prostitución en las proximidades de zonas infantiles, como parques o colegios, o en lugares donde se ponga en peligro la seguridad vial, como los arcenes. Lo que significa que podrán ser sancionados tanto los clientes como quien ejerza la prostitución. (Interior deja claro que la prostitución como tal no se sanciona y que se multará en esos supuestos por la vulnerabilidad del lugar).
- – El consumo o la tenencia ilícitos de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, aunque no estuvieran destinadas al tráfico, en lugares, vías, establecimientos públicos o transportes colectivos, así como el abandono de los instrumentos u otros efectos empleados para ello en los citados lugares.
- – La ejecución de actos de plantación y cultivo ilícitos de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas en lugares visibles al público, no constitutivos de delito.
- – El uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación, sin menoscabo del derecho fundamental a la información.
INFRACCIONES LEVES
Se han tipificado 17 infracciones en esta categoría, entre las que destacan las siguientes.
- – La celebración de reuniones en lugares de tránsito público o de manifestaciones, sin los permisos correspondientes. Incluidos los alrededores del Congreso o el Senado. Si se producen disturbios, pasa a ser considerada falta grave.
- – Las injurias o faltas de respeto y consideración que se realicen en una reunión o concentración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones, cuando estas conductas no sean constitutivas de delito. (En la primera versión del texto, insultar a un agente en una manifestación estaba considerado falta grave).
- – El exhibicionismo, la realización o incitación a la realización de actos que atenten contra la libertad, cuando no constituya delito.
- – La ocupación de cualquier inmueble, vivienda o edificio ajenos, o de la vía pública, fuera de los casos permitidos por la ley.
- – No denunciar el robo o la pérdida del DNI. También negligencia en la custodia y conservación de la documentación personal legalmente exigida, considerándose como tal la tercera y posteriores pérdidas en un plazo de tres años.
- – La práctica de juegos o de actividades deportivas en espacios públicos no habilitados para ello, cuando exista un riesgo de que se ocasionen daños a las personas o a los bienes.
- – Maltratar cruelmente o abandonar animales domésticos en condiciones en que pueda peligrar su vida, o maltratar animales en espectáculos no autorizados legalmente, cuando estas conductas no sean constitutivas de delito.
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