La Audiencia Provincial de Baleares deberá decidir por segunda vez si archiva la imputación de la Infanta Cristina en el marco del caso Nóos, después de que en abril de 2013 dejase sin efecto su encausamiento por los mismos delitos en que habría incurrido su marido, Iñaki Urdangarin, al frente del Instituto Nóos. El tribunal, sin embargo, abrió la vía para que la Duquesa de Palma fuese investigada por fraude fiscal y blanqueo de capitales.
La decisión irá nuevamente a cargo a cargo de la Sección Segunda y se producirá en próximas semanas. Los magistrados de la Sala determinarán de este modo si la Infanta y otros doce imputados deben sentarse en el banquillo de los acusados.
Fue precisamente hace casi tres años cuando el nombre de la Infanta apareció en el foco de las investigaciones, prácticamente desde el momento en que, a finales de 2011, la Fiscalía Anticorrupción apuntase a Aizoon -mercantil de la que la Duquesa es copropietaria junto a Urdangarin- como una de las empresas ‘pantalla’ que integraban el entramado societario dirigido a desviar los fondos obtenidos por parte de Nóos de las Administraciones públicas.
El hecho de que la hermana del Rey figurase como vocal en el Consejo de Administración del Instituto y como socia al 50 por ciento de Aizoon, comenzó a suscitar las sospechas de los investigadores en torno a hasta qué punto la Duquesa era conocedora de las actividades supuestamente irregulares desplegadas por Urdangarin y por su exsocio Diego Torres.
Más en concreto, la vinculación de la Infanta en relación a unas compras de carácter particular cargadas a Aizoon y a una carta de pago que reflejaba un préstamo de 400.000 euros que la Infanta y su marido hicieron en favor de Torres como ayuda en la compra de una vivienda en Sant Cugàs del Vallés, llevaron al sindicato Manos Limpias, el 15 de febrero de 2012, a solicitar por primera vez la imputación de la Duquesa.
