La querella con la que el Gobierno de Mariano Rajoy quiere responder al 9-N pero sin mancharse las manos tiene al Ministerio Fiscal en ebullición.
Todo puede pasar este miércoles en la junta de fiscales de sala que ha convocado Eduardo Torres Dulce. Incluido que el fiscal general del Estado imponga su criterio y haya querella pero acabe dimitiendo, herida de muerte como lo está su relación con el Gobierno.
La rebelión de la Fiscalía Superior de Cataluña oponiéndose a cualquier actuación contra la Generalitat es el resultado de una imprudencia del Gobierno y de Torres Dulce: haber delegado en una institución controlada por Artur Mas la respuesta del Estado al desafío del 9-N.
Detrás del motín de los nueve fiscales catalanes que han estudiado estos días querellarse contra el president por desobediencia está una mujer: Teresa Compte, la fiscal que ha llevado la voz cantante y la que más ha hecho por convencer a sus compañeros de que jurídicamente es inviable la querella contra Mas.
Compte, del ala progresista, fue la fiscal superior de Cataluña entre 2007 y 2012, en tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero y del controvertido fiscal general del Estado Cándido Conde Pumpido. Y ya entonces retrató su sintonía con el llamado derecho a decidir.
En septiembre de 2009 le tocó gestionar el caso de Arenys de Munt, el primer municipio que convocó una consulta sobre la independencia de Cataluña y cuya iniciativa se extendió después por otras decenas de localidades ante la inacción de la Justicia.
En vísperas de aquella consulta, Compte remitió una instrucción a las fiscalías de Barcelona, Tarragona, Gerona y Lérida prohibiendo a los fiscales cualquier actuación penal contra las asociaciones privadas que convocaran consultas populares sobre la independencia. Y también contra quienes participaran en ellas. Es más. Les instaba a pedir el sobreseimiento si a algún tribunal se le ocurría incoar diligencias.
El argumento que utilizó entonces es que la consulta de Arenys era «simplemente simbólica» y «sin contenido ni participación orgánica ni institucional». Sucede que ahora el caso es bien distinto, porque el propio Mas salió aquel domingo a pecho descubierto declarándose el responsable de que las urnas estuvieran por toda Cataluña.
Compte también tuvo un capítulo muy recordado con el diputado de ERC Joan Tardá. Ella personalmente decidió archivar las diligencias abiertas contra él por gritar «muera el Borbón», cargando así contra nada menos que el jefe del Estado.
Compte le exculpó con el argumento de que las palabras de Tardá se encuadraban «en un discurso general de autoafirmación a través de la descalificación de varias de las instituciones de este país, ciertamente con un grado de visceralidad, por fortuna, inusual en un diputado, pero no por ello criminalizable sin más».
