Ediles del PSE y del Partido Popular recriminan al teniente de alcalde de Lasarte su desprecio hacia las víctimas de ETA
Diferentes criterios para una misma cuestión. La acumulación de condenas de etarras que han cumplido penas en el extranjero no está siendo una cuestión pacífica en la Audiencia Nacional, donde varios de sus magistrados, en lugar de intentar unificar criterios -por un mero principio de seguridad jurídica- se oponen a que un Pleno (es decir, todos los magistrados de la Sala Penal) decida conjuntamente el camino a seguir: el mismo para todos los casos.
La semana pasada, el Pleno se rompió en dos, y ocho magistrados llegaron a la conclusión de que cada una de las cuatro Secciones de lo Penal de la Audiencia Nacional debía decidir lo que estimara oportuno.
Como detallan N. Villanueva y J.F. Miranda en ‘ABC‘, esta circunstancia ha provocado que una Sección se pronunciara a favor de acumular las condenas de cuatro etarras -y posibilitar así la excarcelación de sanguinarios etarras como Santi Potros- y otra en contra. Y, entre medias, una ley que aclaraba este embrollo y que la primera de estas secciones burló veinticuatro horas antes de que entrara en vigor.
Llueve sobre mojado
Como en otras ocasiones -la más reciente, la liberación de narcos por la interpretación que de la reforma de la justicia universal hicieron algunos de estos magistrados- han tenido que entrar en escena la Fiscalía y el Tribunal Supremo intentando la unificación de criterios a la que la Audiencia Nacional se niega.
De esta forma, la Sala Penal del Tribunal Supremo se reunirá en Pleno el próximo día 16 para dar la misma respuesta a todos los etarras que, basándose en una directiva europea, han pedido que la acumulación de condenas al haber cumplido parte en otros países de la Unión Europea.
El Pleno, de carácter jurisdiccional, analizará el caso concreto del miembro de ETA Kepa Picabea Ugalde, a quien la Audiencia Nacional rechazó acumular condenas aduciendo que el asunto ya estaba resuelto y no se podía abordar de nuevo. El preso recurrió en casación al Alto Tribunal. Pese a que la decisión que tome la Sala Segunda del Supremo es independiente del recurso que la Fiscalía ha anunciado contra la decisión de tres magistrados de la Audiencia de excarcelar a «Santi Potros», entre otros, implícitamente sí puede dar respuesta a ese recurso.
El inductor de la matanza de Hipercor vio descontados de las penas a las que fue condenado los periodos de reclusión que pasó en cárceles francesas.
Para salvar esta discrepancia entre la decisión que se ha tomado con «Santi Potros» y la negativa a acumular condenas por la que han optado otros jueces, se ha convocado a los quince magistrados que integran la Sala Segunda de Tribunal Supremo «para unificar criterios que descarten las dudas interpretativas derivadas tras las recientes resoluciones sobre esta materia que han acordado distintas secciones de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional».
Circular de la Fiscalía
En paralelo, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, remitió ayer una circular a todas las fiscalías territoriales sobre los criterios de actuación que deben seguir respecto de la acumulación de condenas para garantizar la unidad de actuación del Ministerio Público en esta materia. Además, ordena a todos sus subordinados que le informen de las acumulaciones de condenas por sentencias extranjeras.
«A fin de analizar los problemas que estas nuevas normas generen y para ir unificando criterios, los señores fiscales jefes darán cuenta a la Fiscalía General del Estado de los asuntos en que se planteen acumulaciones de sentencias extranjeras, procedan o no de Estados miembros de la Unión Europea, remitiendo el proyecto de dictamen. Deben tales incidentes procesales considerarse de especial trascendencia (…)», señala el texto.
Este requerimiento se produce justo un día después de que el propio Torres-Dulce se mostrara públicamente «preocupado» por la interpretación que una sección de la Audiencia Nacional ha dado a una decisión marco del Consejo de Europa y que considera «desacertada».
Un análisis
Tras apuntar que este asunto ya ha generado discrepancias entre la Sección Primera y la Sección Segunda de la Audiencia Nacional, el Oficio del fiscal general del Estado concluye que «en este contexto, y hasta tanto critalicen pronunciamientos jurisprudenciales sólidos, la Fiscalía General del Estado considera imprescindible analizar los problemas que la aplicación de estas nuevas normas susciten».
El origen de todo este embrollo judicial está en una Decisión Marco aprobada en 2008 por la Unión Europea y según la cual los estados miembros deberían acumular las penas cumplidos por sus presos en otros países.
Esta normativa no se incorporó a la legislación española hasta esta misma semana, cuando entró en vigor la ley aprobada por el Congreso con una limitación que buscaba precisamente evitar la excarcelación de etarras: no se acumularían las penas anteriores a 2010.
Sin embargo, el pasado mes de marzo, el Tribunal Supremo decidió aplicar la normativa europea en el caso del etarra José Luis Urrusolo Sistiaga, lo que provocó que a continuación otros etarras se acogieran a esa posibilidad y pidieran a la Audiencia Nacional que a ellos también se les acumularan las penas cometidas en otros países.
Fue en ese contexto cuando la Sala de lo Penalfue incapaz de llegar a un acuerdo y derivó la responabilidad a sus cuatro secciones, provocando decisiones contrarias en la Sección Primera y la Segunda.
LOS ASESINOS ETARRAS Y SUS CÓMPLICES, DE FIESTA
Bildu accedió por sorpresa en junio de 2011 al mando del Ayuntamiento de Lasarte-Oria (18.000 habitantes) después de que un pacto con el PNV y un grupo de independientes desalojara al PSE del poder, pese a que los socialistas había vuelto a ganar las elecciones.
Y desde entonces han sido nulos los gestos de acercamiento del equipo de Alcaldía con las víctimas de ETA que residen en este pueblo situado a 8 kilómetros de San Sebastián pero muchos los apoyos públicos a los presos de la banda terroristas y a sus familias.
De hecho, en el propio consistorio trabajan varios familiares de etarras que cumplen condena, como los hermanos Iriondo, uno de los cuales, Aitzol, está acusado del asesinato del edil socialista Froilán Elespe, en 2001. Su hermano, Zigor, como concejal de Euskal Herritarrok, se negó a condenar el crimen.
La madre, Miren Itziar, que le sucedió con escaño de ANV tras disolverse la anterior formación, declaró: «estoy orgullosa de mi hijo». Su pareja también trabaja en el Ayuntamiento que ayer vivió una tensa junta de portavoces de los grupos para abordar el proyecto del alcalde, Pablo Barrios, de «honrar» a «todas» las víctimas de la violencia.
Un «lavado de cara»
Los portavoces de PSE y PP, pero también del PNV, denunciaron la actitud calculada de Bildu de convocar ahora, tres años y medio después, y a tan solo seis meses de las elecciones municipales, un acto en memoria de las víctimas.
El equipo de gobierno escribió semanas atrás al grupo socialista y al grupo popular un correo electrónico para que les hicieran de intermediaros con los afectados por el terrorismo en el pueblo.
«Nos pidieron su teléfono. Y nos dijeron: si están muertos, el de sus familias», afirma el exalcalde y parlamentario socialista Jesus Zaballos. «Está claro que lo que pretenden es un lavado de cara. ¿Para qué quieren reconocer qué si en tres años y medio no se han acordado de las víctimas?», lamenta el joven socialista.
La portavoz del PP, Vanessa Vélez, vivió ayer otro tenso enfrentamiento con el primer teniente de alcalde, Gorka Lizarraga, «sobrino político» de Santi Potros, a quien recriminó que se riera durante el turno de intervención de la concejal del PNV.
Esta estaba denunciando que el alcalde, en una reunión anterior para abordar el «plan de convivencia» (en cuya comisión no participan PSE y PP), había puesto en duda que «la vida se anteponga a cualquier causa política». El alcalde lo negó ayer asegurando que eran «interpretaciones». Fue entonces cuando Lizarraga se río. «¿Os estáis riendo de nosotras?», le inquirió la portavoz del PP.
Carteles por los presos
Los concejales contactados por este diario apuntan además a Lizarraga como el autor de la colocación de algunos de los carteles en defensa de los presos que ocupan las calles del pueblo.
«¿Cómo se van a dedicar a limpiar los espacios públicos si son ellos mismos los que los pegan?», se pregunta Zaballos, que afirma haber visto al teniente de alcalde sacando la cartelería del edificio del Ayuntamiento.
También lo denuncia Vélez, que señala en concreto que Lizarraga portaba un mensaje de apoyo para Antxon Guinea, detenido hace unas semanas por la Guardia Civil tras enviar el anagrama de ETA por mensajes de teléfono móvil a la hermana del empresario Ignacio Uria, asesinado en 2008.
En total, hay ocho familias que han sufrido el zarpazo más brutal de ETA, con la muerte de sus seres queridos, pero hay otras más que no siendo de allí también encontraron en Lasarte la muerte.
Como Miguel Ángel Blanco, capturado y abandonado moribundo atado a un árbol en una zona boscosa del municipio. Las víctimas confirman su soledad con Bildu en el Ayuntamiento «Nadie se ha puesto en contacto con nosotras.
En la vida me han llamado, pero tampoco iría», asegura Cati romero, viuda del sargento de la Policía Municipal, Alfonso Morcillo, asesinado en 1994, que continúa residiendo en Lasarte pese al «vacío» que sufre.
