El juez José Castro ha decretado este lunes, 22 de diciembre de 2014, casi a la misma hora en que los niños de San Ildefonso cantaban los premios de la Loteria de Navidad, que la hermana del Rey, la Infanta Cristina de Borbón, debe sentarse en el banquillo de los acusados ante un tribunal que la juzgará como cooperadora necesaria en los delitos fiscales de su marido.
El instructor considera que la esposa de Iñaki Urdangarin debe ser juzgada para que ante un tribunal se diriman los supuestos indicios de dos delitos fiscales, en un papel de cooperadora de los mismos fraudes, en 2007 y 2008, de los que se acusa a su marido.
La vista oral se puede celebrar en la segunda mitad de 2015 en la Audiencia de Palma. Castro le pide 2,6 millones de euros de responsabilidad pecuniaria. La Infanta se sentará en el el banquillo junto a 16 personas más, entre ellas, su marido.
El magistrado Castro, al poner el broche a la instrucción después de cuatro años, mantiene el criterio que expresó en 2013 cuando dictó la primera imputación contra la Infanta, implicación que inicialmente derribó la Audiencia de Palma.
Semanas atrás, en 2014, los tres magistrados del Tribunal coincidieron con las tesis del instructor al encausar a Cristina de Borbón por dos supuestos delitos contra la Hacienda pública, a pesar de que existe contra ella una única acusación la del pseudo sindicato ultra Manos Limpias. Esta parte reclama ocho años de cárcel para la infanta.
El juez ha desatendido las razones de los extensos alegatos defensivos de los escritos de calificación del fiscal anticorrupción Pedro Horrach, de la Abogacía del Estado y de los letrados de Cristina de Borbón.
Estas partes se centraron en la no existencia de indicios delictivos contra la Infanta y, además, subrayaron que era de inexcusable aplicación -a su favor- la llamada doctrina Botín, del Tribunal Supremo que señala que si no acusan la fiscalía y la abogacía estatal en un delito que alude al Estado no puede juzgarse.
El juez Castro interpreta, con el respaldo del mandato de la Audiencia, que si la fiscalía y Hacienda acusan por los mismos delitos a Urdangarin y su socio Diego Torres no hay razón por la qu eno se pueda juzgar a la hermana del Rey.
LA RESOLUCIÓN JUDICIAL
En su resolución judicial, Castro apunta que la Infanta contribuyó, como socia de Aizoon, a que Urdangarin facturase a través de esta sociedad, como si de rendimientos de actividades económicas se tratasen, y no personales, las retribuciones que cobró de numerosas entidades privadas de las que era consejero asesor, y de este modo tributar menos en su declaración de la renta de 2007 y 2008.
Para justificar su petición de ocho años de cárcel -cuatro por cada uno de los dos delitos fiscales-, Manos Limpias considera que la Duquesa incurrió en una agravante, y fue la de haber interpuesto una sociedad para ocultar la verdadera identidad de los obligados tributarios.
De hecho, Manos Limpias, al igual que la Fiscalía, considera que Aizoon era una de las mercantiles ficticias que integraban el entramado societario presuntamente urdido por Urdangarin y su exsocio Diego Torres con el objetivo de desviar los fondos obtenidos por el Instituto Nóos desde las Administraciones públicas. Mediante esta trama ambos se habrían apoderado de hasta 6,2 millones de euros de Baleares, Comunidad Valenciana y Madrid.
Según el sindicato, la defraudación presuntamente efectuada por Urdangarin «nunca hubiera podido tener lugar» sin la «necesaria intervención» de Cristina de Borbón, de ahí que sea considerada cooperadora necesaria de los dos delitos contra la Hacienda pública en que incurrió su esposo.
«La Infanta sabía que todo lo que estaba haciendo era ilegal, pero aún así hizo como que miraba para otro lado. Pero eso sí, manteniendo viva su mercantil Aizoon a pesar de las advertencias de ilegalidad que pesaban sobre la misma», abunda la entidad en su escrito de acusación, en el que reclama además que la Duquesa haga frente a multas que ascienden a 2.022.861 euros.
El juez Castro ha desestimado de este modo la petición efectuada por la defensa de Doña Cristina, cuyos abogados, Miquel Roca y Jesús María Silva, aludieron a la doctrina Botín pedir el sobreseimiento de la causa contra la hermana menor del Rey, al considerar «jurídicamente inadmisible» que pudiera sentarse en el banquillo. Los letrados sostienen que sobre su patrocinada no pesa responsabilidad penal alguna en el marco de estas pesquisas.
Del mismo modo, el fiscal Pedro Horrach solicitó archivar la imputación de la Infanta al recriminar que se le acuse en base a «sospechas» y a un «raquítico ‘pudo saber'», lo que a su juicio la sitúa en una «posición de indefensión». De hecho, considera que no hay «dato, indicio, documento o declaración que acredite lo que hasta el momento ha sido incapaz de justificarse: una mínima prueba de cargo indiciaria y objetiva» de la participación de la Duquesa en un supuesto fraude al fisco.
