La Junta de Andalucía se ha retratado. A pesar de la infinidad de veces que Susana Díaz y antes que ella José Antonio Griñán han proclamado la total colaboración del Gobierno regional para esclarecer el caso de los EREs fraudulentos.
El Ejecutivo de Díaz presentó este martes sendos recursos de apelación contra los dos últimos autos de la juez Mercedes Alaya, en los que reclamaba toda la información relativa a los programas de control financiero de las empresas públicas relativos a 2005, 2006 y 2007 y la documentación sobre las ayudas recibidas por Delphi.
El portavoz de la Junta andaluza, Miguel Ángel Vázquez, explicó que han solicitado a la Audiencia de Sevilla que revoque dichos autos -dictados por el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla- al entender que pueden dar lugar a una «causa general» y que supone un «grave riesgo» que puede devenir en la prescripción de los delitos.
En concreto, el recurso de apelación contra el primero de los autos esgrime como argumentos que la información solicitada forma parte de una causa que está siendo investigada en estos momentos en el Juzgado número 16 de Sevilla, y que la competencia para conocer este caso sería del Tribunal Supremo o del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
El gabinete jurídico del Gobierno autonómico entiende, además, que no existe «fundamento alguno» para extender la investigación a otras empresas o entidades de la Junta.
El otro recurso presentado se refiere a la consulta que hace el Juzgado número 6 de Sevilla sobre una norma estatal de derecho supletorio en relación con ayudas concedidas a Delphi. Sobre este caso, la Junta entiende que «para dirimir una invasión de competencias entre administraciones está el Tribunal Constitucional y no es una competencia que tenga atribuida un juzgado de instrucción».
A pesar de sus palos -otros más- en la rueda de la juez Alaya, Vázquez sostuvo que el Gobierno andaluz quiere que «paguen los culpables» y trabaja «para recuperar el dinero que presuntamente ha sido defraudado».
