Cuatro inspectores de Hacienda se presentaron en la Fiscalía Anticorrupción el pasado 15 de enero para presentar un informe que acusaba a Rato con datos fiscales y patrimoniales de fraude, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes
La Audiencia Nacional rebajó este 24 de abril de 2015 a 34 millones la fianza civil de 800 millones de euros impuesta por el juez Fernando Andreu a Bankia y a cuatro antiguos miembros de su cúpula directiva, entre ellos Rodrigo Rato, por la salida a Bolsa de la entidad con información financiera falseada.
La Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia, que preside el magistrado Alfonso Guevara, estima parcialmente por unanimidad los recursos de los imputados contra la garantía económica fijada por Andreu el pasado febrero para hacer frente a las responsabilidades que se puedan derivar de una sentencia condenatoria en este sumario.
La nueva cantidad equivale al dinero perdido por los accionistas minoritarios que se han personado en la causa y que reclamaron la cantidad en una vista celebrada el 6 de febrero, y no el perjuicio del conjunto de pequeños inversores que había tenido en cuenta Andreu.
La fortuna de Rodrigo Rato -27 millones de euros, según los cálculos de Hacienda- está a salvo de embargos. Al menos de momento.
La decisión de la Audiencia Nacional alivia el bolsillo del exvicepresidente de Aznar , pero rechaza sus argumentos para escapar de las imputaciones que le persiguen en el caso Bankia.
El instructor considera que Rato y otros tres exdirectivos aprobaron unas cuentas falsas para la salida a Bolsa y eso supone una estafa a los 375.000 accionistas particulares que invirtieron sus ahorros (1.800 millones) en una entidad cuya situación financiera era mucho peor de lo que decían sus estados contables.
La sección Tercera mantiene que hay indicios suficientes para responsabilizar de esa estafa a Rato y los otros tres exdirectivos.
¿Por qué han rebajado tanto la fianza del caso Bankia?
Aunque aún no se conocen los argumentos de la Sala de lo Penal, esta revisión ajusta la fianza exigida a Bankia, a su matriz, BFA, y a su antigua cúpula al dinero que perdieron los pequeños inversores personados en la causa y que exigieron la medida en una vista. Supone una reducción del 96% de la cuantía que fijó el juez Andreu.
¿Qué criterio tomó el juez para fijarla en 800 millones?
El juez que investiga la salida a Bolsa estableció la fianza de responsabilidad civil para garantizar las indeminizaciones a los inversores minoritarios en caso de condena. Cifró la cuantía en 800 millones para cubrir al menos un tercio de la inversión que realizaron los pequeños accionistas en la ops.
¿Quién debe pagar?
La fianza tiene carácter solidario: deben pagarla Bankia, su matriz, BFA, y cuatro exconsejeros de la entidad: Rodrigo Rato, José Luis Olivas, José Manuel Fernández Norniella y Fernando Verdú. El juez no valora cómo se reparte. Bankia ya ha depositado el total de la fianza.
¿Puede ahora la entidad exigir su parte a los demás?
Sí. La entidad puede acudir a los tribunales civiles, como de hecho tiene pensado hacer, para exigir a los cuatro exconsejeros su parte, que ahora equivale a 5,6 millones.
¿Cuál es el siguiente paso?
Fuentes jurídicas informaron de que la Audiencia Nacional devolverá a Bankia y BFA 766 millones de euros: la diferencia entre los 800 fijados en un principio y los 34 revisados.
¿Por qué han señalado a Rato y los demás directivos?
El juez Andreu considera que ellos son responsables del posible falseamiento de cuentas que tuvo lugar en la salida a Bolsa porque aprobaron los estados financieros que se incluyeron en el folleto de la ops. Los peritos judiciales concluyeron que Bankia saltó al parqué con cuentas maquilladas.
¿Quiénes recurrieron?
Todas las partes afectadas, así como Anticorrupción y el FROB, recurrieron la medida. El fiscal argumentó que la fianza es perjudicial para garantizar las indemnizaciones porque daña la cotización de la acción.
¿Qué reacciones ha habido?
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, calificó la revisión de la fianza de «proporcionada y adecuada». Andrés Herzog, el letrado de UPyD que ejerce la acusación popular en el caso, consideró «rídicula» la nueva cifra.
